Sobrepoblación en la cárcel de Batán: “La prisión no debería ser equivalente a una pena de muerte”
En septiembre del año pasado la Justicia de Mar del Plata restringió el ingreso de nuevas personas detenidas al complejo penitenciario de Batán Unidad 15, luego de que una evaluación sobre las instalaciones diera a conocer una sobrepoblación y deterioro estructural del edificio. Han pasado 11 meses y la situación no parece estar cerca de solucionarse.
Para indagar con mayor profundidad sobre este tema, Portal Universidad dialogó con Juan Tapia, Juez de Garantías en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
En un primer análisis sobre la problemática Tapia expresó: “Siempre es interesante poner en la discusión de la agenda pública la cuestión de la cárcel. Son tiempos donde posiblemente haya una crispación bastante importante con aquellos que cometieron un delito. Por esta razón existe un desinterés profundo sobre las condiciones de vida de quienes se encuentran privados de la libertad. Hay un discurso que expresa que si cometieron un delito tienen que pudrirse en la cárcel y eso es una mirada bastante problemática desde el punto de vista de los derechos porque como Estado no podemos violar la ley para reprochar o castigar a un particular arbitrariamente. Ante la violación de la ley existen normas y tratados que regulan desde nuestra constitución cómo debe cumplir pena es persona. Además tenemos que pensar que esa persona en algún momento será reintegrada a la comunidad y ese trato va a incidir en la forma en que se volverá a vincular con los ciudadanos”.
Respecto de la situación que se vive dentro del penal de Batán dijo: “Hablar sobre la cárcel es complejo porque no se trata de un todo homogéneo. No son iguales todos los pabellones, tenemos el pabellón deportivo, literario, evangelico y otros espacios como pueden ser buzones, pabellones de aislamiento, de castigo, tienen muchas diferencias.La primera radiografia que uno tiene es que hay muchos matices, muchas necesidades diferentes. Entre esos problemas, la superpoblación es el más importante. En Batán son tres complejos, la tradicional cárcel de Batán, para mayores condenados, que tiene una capacidad para 800 internos y actualmente duplica ese número con casi 1600. Después tenemos la Alcaidía, que es lo que permitió que Mar del Plata, a diferencia de las localidades del conurbano, no tenga detenidos en prisión preventiva en las comisarías. La unidad 44 tiene hoy 544 detenidos, con una población desbordada. Por otro lado tenemos la unidad 50 que alberga a la población femenina y hoy no hay cupo para derivarlas, así que ahí hay una problemática en la materia”.
En cuanto a otras problemáticas más allá de la superpoblación, Tapia manifestó: “La situación de degradación estructural y falta de mantenimientos es preocupante. Son espacios donde conviven grupos de personas durante las 24 horas todo el tiempo. Son personas que además están atravesadas por la violencia y conviven en condiciones violentas de por sí, porque muchas veces no tienen ni un espacio para dormir y duermen en el piso. Tengamos en cuenta que en un pabellón tenemos 50 celdas y 183 personas. Con esas condiciones de vida hay una degradación del espacio edilicio y problemas de salud muy manifiestos. También hay un problema importante en cuanto a la propagación de enfermedades porque vivir hacinado facilita el contagio. También hubo situaciones que ocasionaron muerte de internos, como las conexiones eléctricas clandestinas”.
El rol del Estado
Al momento de reflexionar sobre la responsabilidad del Estado frente a estas situaciones, Tapia explicó: “En definitiva, lo que se trata es de pensar qué rol le cabe al Poder Judicial para cumpir los programas constitucionales normativos legales que se deben seguir para vivir en un Estado de derecho, de acuerdo a lo que acordamos como comunidad organizada. Las responsabilidades son los tres poderes del Estado. El ejecutivo es el que tiene los recursos económicos y presupuestarios para la mejora de los institutos carcelarios. Por otro lado el Poder Legislativo tiene a su alcance normas de reforma del Código Penal y el Poder Judicial tiene a los fiscales y los jueces que son los que derivan personas a estos espacios. No todos los hechos justifican el ingreso a las cárceles, se pueden tomar otras medidas punitivas, con resarcimientos, acciones comunitarias. Hablamos de casos con hechos no violentos, por supuesto”.
“Lo que es importante decir es que la cárcel no debería ser equivalente a una pena de muerte. Socialmente rechazamos la pena de muerte y morir en esas condiciones significa que el Estado transformó esa pena privativa de la libertad en una pena de muerte. Usualmente cuando pensamos en el que ingresa en la cárcel nos imaginamos los delitos más graves y aberrantes, pero buena parte de la población carcelaria comete pequeños delitos contra la propiedad, delitos torpes en flagrancia que implican encierros de períodos cortos. Si cuando recuperan la libertad se encuentran con una falta de posibilidades de trabajo y educación, se fomenta, se empuja a que caigan nuevamente en el delito. Por eso es importante trabajar dentro del período de encierro en términos de educación y brindar herramientas de trabajo. Cuando la población de la cárcel está desbordada es muy difícil trabajar en estas alternativas. No solo tenemos que trabajar en la prevención del delito, sino también en generar las condiciones para que esa persona no sea reincidente”, afirmó.
El impacto del encierro
Consultado respecto de las visitas que reciben los internos en el penal y los espacios destinados para tal fin, Tapia dijo: “El encierro de una persona genera un impacto, no solamente en ese individuo sino en todo el núcleo familiar. Muchas veces el que queda preso era el principal aportante a la economía del hogar. Además esta situación moviliza a sus familiares hacia la cárcel para llevar alimento y medicamento porque esa provisión por parte del Estado es deficiente. La situación de detención altera todas las dinámicas familiares, muchas veces las rompe y dinamita un vínculo familiar. Las familias que sostienen los vínculos hacen largas colas bajo el frío y la lluvia para poder ver a sus seres queridos”.
“Ante estas situaciones existen algunas oportunidades en la defensa pública, hay herramientas jurídicas para plantear Habeas Corpus, para que no se agraven las condiciones de vida de una persona que muchas veces es un detenido preventivo, una persona que no se comprobó aún si es culpable. Gran parte de los detenidos son inocentes que están esperando un juicio y el Estado los trata como culpables”, advirtió.
Finalmente, Tapia expresó: “Hay que dar una batalla cultural frente a estos discursos que piden “que se pudran en la cárcel”. Uno puede comprender el dolor de una víctima de un delito grave y ahí no somos quien para juzgar ese dolor. Pero buena parte de la comunidad debería darse cuenta que en la cárcel no sólo ingresan ajenos, los enemigos de la sociedad y los estereotipos. Veo todos los días gente manejando mientras habla con su celular, que pasa el semáforo en rojo y solo por azar no lesiona o mata a una persona. Cualquiera de nosotros puede ingresar en ese espacio, no es que en la cárcel solo hay psicópatas o asesinos seriales”.
“Todos los días ingresan personas con delitos de negligencia, de imprudencia. Nadie es ajeno a que él mismo o un familiar pueda ingresar. Por eso hay que trabajar en desarrollar la empatía y como Estado hay que preocuparse también por las personas que han violado las leyes. Es un mensaje difícil de dar porque en esas cuestiones aparece el miedo y la bronca ante el delito. Tenemos que repensar lo que hacemos con quienes cometieron un delito porque eso repercute sobre toda la comunidad”, concluyó.
Fuente: Portal Universidad
