Taxis: entre "culpas compartidas" y el reclamo para que "el gobierno de Montenegro cumpla con la gestión de control"
El servicio de taxis en General Pueyrredon atraviesa un delicado presente, luego de lo más duro de la pandemia. En ese período, fue uno de los sectores que no paró, pero se evidenciaron políticas erróneas de parte del estado Municipal, de acuerdo a lo que se desprende de los hechos últimamente vividos y, por caso, por una nota que envió a esta redacción uno de los referente de las entidades.
De acuerdo a lo que Raúl Vicente señaló en el escrito, "hay culpas compartidas" entre el sector de los trabajadores y el gobierno de Guillermo Montenegro.
Y en ese sentido, referenció el primer mes de inspección a las unidades que está dejando un balance esclarecedor. "La culminación del primer mes de inspección del servicio de taxis estaría confirmando plenamente el diagnóstico realizado por las entidades representativas de la actividad, en el sentido que la falta de control municipal sería la causa principal de la anarquía que se tiene en el sector".
Desde la Sociedad Conductores de Taxis hicieron saber que "de las 358 unidades que debían presentarse a realizar la inspección anual obligatoria en el mes de junio, más de 100 licencias llamativamente no dieron señales de vida", y afirmaron que "la causa de esta inédita deserción de cumplimentar la inspección anual no fue la obligación de tener instalado el dispositivo GPS", porque la gran mayoría de los taxis que acudieron "cumplieron con ese requisito, y quienes se presentaron sin el GPS recibieron 15 días de prórroga para instalarlos", se señaló.
A criterio de la Sociedad Conductores de Taxis la no presentación de tan importante número de licencias "confirmaría la teoría que una significativa cantidad de taxis no estarían realizando en la práctica la actividad para las cuales fueron habilitadas, y que este sería el motivo principal del déficit que presenta el servicio de taxis en distintos horarios, hecho que se ha ido acentuando desde la salida de la pandemia".
Para las entidades representativas las causas de la no presentación a la inspección anual son varias y las enumeró el referente en el escrito, por ejemplo:
• la ruptura de vínculos de alquiler de licencias, que durante la pandemia se dieron por terminados, porque la merma del trabajo hacía imposible el pago de los alquileres.
• otro motivo de peso es que durante la pandemia muchos titulares buscaron otras alternativas laborales, que hoy siguen manteniendo y por lo tanto explotan por muy pocas horas sus licencias como medio de transporte, o directamente utilizan ese vehículo habilitado como auto particular.
• También se considera que un importante número de licencias pertenecen a personas de edad avanzada, que ya no están en condiciones de realizar la actividad, y no encuentran interesados en alquilarles su licencia, ni buenos choferes para explotar la unidad por cuenta propia.
Desde la Sociedad Conductores de Taxis se remarcó que "lo sucedido en junio, el primero de los 5 meses de inspección de los automóviles taxímetros, se repetirá en los meses venideros", porque -señalaron- "tienen cabal conocimiento del gran número de licencias paralizadas o que realizan laboral durante muy pocas horas".
También se manifiesta que todos estos argumentos han sido reiteradamente explicados a distintos funcionarios municipales, "inclusive al intendente Municipal Guillermo Montenegro y al Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti para que entiendan el origen de la notoria baja que ha experimentado el nivel del servicio de taxis a partir de marzo de 2020".
De acuerdo al escrito que llegó a esta redacción, "para revertir la situación actual es necesario que el poder municipal tome las medidas pertinentes para que la totalidad de la flota realice la inspección anual obligatoria" y que "todas las unidades tengan instaladas el dispositivo GPS como elemento de control de servicio".
Vicente remarcó que "recién en ese momento, es decir a fines del mes de noviembre, como bien lo dice el informe de la Subsecretaria de Movilidad Urbana, se tendrán las herramientas necesarias para hacer un análisis y tomar las decisiones adecuadas en materia de política del transporte público".
Finalmente, expresaron "su preocupación por saber si el poder político asumirá su importante cuota de responsabilidad por no haber realizado desde el año 2019 ningún tipo de control sobre el servicio de taxis", que "debe remarcarse es un Servicio Público que ha llegado a tal grado de anarquía debido a que el poder municipal no cumplió con su función de contralor".
"O bien -amplió- va a tener una mirada de conveniencia política, percibiendo que en la actualidad el humor de la gente ha cambiado en relación a los taxistas, siendo estos señalados como los únicos responsables del faltante del servicio, fundamentalmente en horario nocturno, buscando así coincidir con el pensamiento de la gente, como una forma de capitalizar voluntades".
En el texto ponen el acento en una posición que tomó la Coalición Cívica, uno de los espacios socios de Montenegro en la gestión: "Y ya pensando en las elecciones del año próximo, podrían aceptarse ideas que permitan la habilitación de otras formas de transporte como serían las plataformas digitales, las que ya están siendo promocionadas por distintos funcionarios del mismo espacio político del señor Intendente Municipal".
Recordaron que Montenegro estaría cambiando la posición tomada ante ellos, en distintas reuniones: "Quien (Montenegro) de esta forma cambiaría su postura de la época que era candidato a Intendente, cuando firmaba acuerdos con las entidades de taxis, comprometiéndose a no permitir el ingreso de las aplicaciones a nuestra ciudad, además de haber manifestado reiteradamente tener pleno conocimiento que el funcionamiento de esas plataformas digitales en diversas ciudades importantes del país, no han solucionado para nada la falta de transporte en horario nocturno, exceptuando cuando el pasajero ya cansado de esperar un vehículo que lo lleve a su destino, acepta o permite que se lo estafe con las denominadas "Tarifas Dinámicas" o de "Alta Demanda", que significan lisa y llanamente permitir cobros abusivos sobre un determinado servicio", cerró el comunicado de Vicente.
