Municipales buscan revertir judicialmente el impacto de una ley provincial que redujo su antigüedad
Lo harán mediante un reclamo hacia el Ejecutivo local, en relación a la normativa que existió entre 1996 y 2014.
Este miércoles, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) anunció que comenzará un reclamo judicial hacia el Municipio en relación a una ley Provincial que existió entre 1996 y 2014, en relación a la reducción de la antigüedad del 3% al 1%.
Esto impactaría en al menos 3200 trabajadores del sector y en ese sentido, se reunirán este jueves para poder dialogar con los afiliados afectados, que ingresaron a la Municipalidad antes del 31 de diciembre del 2014.
Sobre esto, Cristian Milasincic, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales dialogó con El Marplatense y expresó: "Tuvimos una rebaja entre los años 1996 y 2014 y lo analizamos con los abogados del gremio jurídicamente porque hay algunos precedentes de Provincia, en donde obtuvieron sentencias favorables tanto en primera como en segunda instancia. Nos dijeron que era viable hacer el reclamo así que en eso estamos".
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Con respecto al contexto, el referente indicó: "Esto fue en el Gobierno de Duhalde, en donde cada municipio Bonaerense tenía su régimen de empleo y en el nuestro una Ordenanza pero el Provincial dictó una ley que aplicó a los 135 municipios. Algo que obviamente era una locura por la disparidad de cada uno. En el 2012 la declararon inconstitucional en un juicio que inició la Municipalidad de San Isidro por ser violatoria de las autonomías".
"Ésta también afirmaba que la antigüedad pasaba a ser del 1%, siendo que en nuestro municipio era del 3%, así que hasta el 2014 con una negociación del gremio con el Intendente Pulti, pudimos reestablecerlo, estuvimos 19 años en donde nuestra antigüedad se computó al 1%", añadió.
"Esto podría impactar en aproximadamente 3200 trabajadores activos pero habría que ver la antigüedad. Es por eso que pusimos en conocimiento a la gente de Legal y Técnica sobre que íbamos a iniciar una acción judicial porque no es una cuestión contra el Intendente ni nadie, sino contra una ley Provincial que se impuso y que obligó a rebajar nuestra antigüedad. No hay cuestiones políticas detrás", concluyó.
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