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Por Luis Ambos
Los tribunales locales adolecen de serias deficiencias edilicias que no son nuevas. Por la década del 50, cuando se instalaron los tribunales en Mar del Plata, la población no era la actual y menos el nivel de litigiosidad que tuvo un crecimiento vertiginoso. Tiempo después se construyó el edificio de Brown y Tucumán que albergó prácticamente la totalidad de la actividad y funcionó bien durante algunos años. Hasta que a fines de los setenta, se detectó que el peso del papel estaba poniendo en riesgo el edificio y se decidió su traslado provisorio a un hotel que está en Diagonal Alberdi y Santiago del Estero.
Una vez apuntalado el edificio, volvió la actividad a Brown y Tucumán pero el crecimiento de la población, de los conflictos y de la actividad hizo que el edificio quedara chico para todos y lentamente empezó el éxodo de los distintos fueros, primero el laboral, luego el civil, hasta que hoy día el edificio solo alberga juzgados penales y fiscalías.
Los juzgados civiles trabajan hacinados en distintos hoteles sobre la calle Tucumán y los laborales sobre la calle Garay. En todos los casos, en edificios que no fueron diseñados ni creados para esa función.
Quizás esto sea una triste alegoría de cual es la importancia que nuestra sociedad ha dado al poder judicial.
En una verdadera república, los tribunales deben tener un lugar de privilegio, tanto en la estimativa social como en su ubicación geográfica e importancia edilicia en una ciudad. Han de estar ubicados en un lugar de fácil acceso, y su edificio debe tener la jerarquía que corresponde a tan importante función.
No se debe olvidar que el juez cumple una función esencial en la sociedad: es quien puede mandar un individuo a la quiebra, quitarle la tenencia de los hijos o enviarlo a la cárcel. Eso no puede hacerlo ni un presidente ni un legislador. Por ello es que el impacto que debe producir la majestuosidad de la justicia en los sentidos del individuo no se compadece con el deplorable estado de los edificios en los que funciona.
Es de esperar que en los próximos años se concreten proyectos largamente postergados, que ayuden a darle al poder judicial la imagen y el respeto que se merece.
Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad de quienes escriben.
