El derecho y el ruido
Por Luis Ambos
La contaminación ambiental ocupa un lugar destacado en la agenda mundial. Se gastan cientos de millones en combatir las supuestas causas de los desastres que nos esperan en un futuro quizá no muy lejano. Sin embargo, en el presente, todos estamos afectados por la contaminación sonora que nos impone la vida en sociedad, y no se ve que se destinen recursos para proteger al ciudadano de esos abusos. Por el contrario, el poder público se muestra ineficaz o indiferente.
Mi vecino festeja su cumpleaños, hace una fiesta, trae un disc-jockey, es verano, pone los parlantes en el jardín y todos bailan, se emborrachan, se divierten y gritan hasta las cinco de la mañana.
Seis jóvenes alquilan un departamento o una casa y vienen en verano a pasar quince días a Mar del Plata. Todas las noches la música, los gritos y el jolgorio duran hasta las cinco de la mañana.
Voy a la playa, un tipo pone un chiringo, parlantes a todo lo que da y vende panchos, licuados o cervezas. Ya no podemos escuchar el ruido del mar, leer o conversar tranquilos.
En una plaza, una empresa promociona juguetes para niños, un aficionado toma un micrófono y se pone a vociferar con música a alto volumen y el barrio entero se queda sin dormir la siesta.
Y todo esto es normal. ¿Qué nos pasa?.
Estos hechos, que ocurren constantemente, no tienen solución actualmente en el ámbito administrativo. Los municipios no solo no han encontrado medidas efectivas para impedir estos abusos, sino que terminan prohijando estas conductas, a veces creyendo que la gente se divierte sanamente.
El derecho ha creado el concepto de la "normal tolerancia" en las relaciones de vecindad. Es decir, tenemos derecho a acudir a un juez si el ruido, el humo, olores o molestias similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, superan ese umbral llamado normal tolerancia.
Es necesario crear conciencia ciudadana para elevar nuestra calidad de vida impidiendo los atropellos de individuos desaprensivos, cuando no del propio Estado, que arrasan con el derecho al silencio, a la paz y el descanso.
Es importante que los municipios implementen un sistema de rápida respuesta, que ponga por encima de la acción de los depredadores auditivos, el derecho a una vida sana y tranquila, a un silencio saludable. Además, su actuación deberá servir para producir una constatación fehaciente de los hechos que ayude a las víctimas a producir las pruebas que le permitan reclamar a los responsables de perturbar la tranquilidad ajena, las indemnizaciones pertinentes, ya que está demostrado que las sanciones económicas son el mejor remedio para desalentar a los autores de estos abusos.
