Política Energética y Tarifas, una reconversión necesaria
El problema energético argentino es un residual de la crisis del 2001 donde se rompieron los contratos de concesión de los diferentes actores del sistema, y de esta forma se quitaron los incentivos económicos necesarios para la extracción, transporte y distribución de energía.
La Argentina se transformó entonces de un país netamente exportador de energía a uno netamente importador, que tendió a encarecer su provisión a nivel doméstico, por lo cual se recurrió a un fuerte intervencionismo estatal para disimular los efectos negativos sobre la población
Las consecuencias macroeconómicas de la crisis del sistema energético se tradujeron en déficit fiscal por medio de los crecientes subsidios a las tarifas domiciliarias, y un déficit en la balanza de pagos por las progresivas necesidades de dólares para la importación de oferta energética, socavando los principales pilares de la política económica del primer kichnerismo que eran los superávits gemelos (tanto público como externo).
Como podemos apreciar el sistema propuesto durante la década pasada se mostró claramente insustentable en el tiempo, con efectos negativos tanto desde el punto micro (tendencia a la importación neta de energía, cortes de provisión crecientes, falta de infraestructura adecuada) como desde macro (generación del déficit fiscal, creciente demanda de dólares), y la solución adoptada por el nuevo gobierno, -si bien trato de corregir en parte algunos de los problemas descriptos- generó un cumulo de discusiones políticas, sociales y judiciales.
Si enfocamos el problema de las tarifas energéticas bajo estos conceptos podremos delinear una posible salida al laberinto interminable que entró el gobierno nacional en diciembre pasado, ya que la orientación de la política energética propuesta tiene el sentido correcto pero graves problemas de implementación y grado.
En tal sentido, una nueva propuesta integral debería contemplar los siguientes aspectos básicos:
- Reformular los contratos de concesión en todos los tramos (extracción, generación, transporte y distribución) que equilibren el sistema en dos sentidos, por un lado, que devuelva la rentabilidad de las empresas prestatarias, y por el otro, que estas últimas se comprometan a las inversiones necesarias que garanticen la oferta.
- Realizar las audiencias públicas obligadas por ley a los efectos de determinar los costos de generación, transporte y distribución, que permita discutir como sociedad que vamos, y a quien a subsidiar, y cuál es el precio objetivo de los servicios de luz y gas.
- Reformular el sistema de subsidios para que los mismos impactan básicamente en las dos puntas del sistema. Es decir, en la extracción y generación (bajo un criterio de volver a tener autoabastecimiento de energía) y en el consumo (bajo un criterio que permita acceso a la energía a todos los sectores sociales).
- Elevación gradual a un precio objetivo de la luz y el gas, que se compatibilice con una reducción gradual del déficit fiscal asociado a los subsidios. Un esquema posible sería la implementación de subas mensuales incrementales por encima de la inflación durante cuatro o cinco años, que permite reacomodar las tarifas a valores competitivos sin un impacto extremo en el poder adquisitivo.
Roberto Manuel Ortea
Lic. en Economía
Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.
