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Estafas inmobiliarias: analizan nuevas pericias y más responsables

La fiscalía estudia resultados de informes, y esperando otros, para ampliar la cantidad de imputados y profundizar las imputaciones, aunque se aclaró que podría haber imputados sobreseídos. “Estamos convencidos que existió una asociación ilícita”, indicó el fiscal Pizzo, quien sostuvo: “Hemos interrumpido un modo ilícito que se generaba en el Registro de Propiedad e Inmueble de la Provincia”. Son más de 40 casos en la ciudad y la región.

Por Redacción

domingo 27 de agosto, 2017

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Javier Pizzo, informó a El Marplatense que, en el marco de la megacausa que investiga una banda dedicada a reiteradas estafas inmobiliarias mediante múltiples maniobras ilícitas, se están analizando resultados de pericias, y están a la espera de otras, para profundizar con las imputaciones de 36 personas. La caída de la organización ya cumple seis meses.

“En esta etapa que continuamos con la investigación, son muchos hechos y muchos imputados. Es una megacausa. Profundizamos la pesquisa, esperando resultados de las pericias de las computadoras secuestradas en estudios jurídicos y contables y los resultados de las pericias caligráficas”, señaló el investigador, quien agregó: “Se está trabajando sobre otras cuestiones netamente investigativas, como pueden ser los teléfonos que se obtuvieron”.

“Una vez que tengamos de nuevo esas conclusiones (de los peritos y el avance en otras líneas investigativas) podremos estar en condiciones de ampliar la cantidad de hechos imputados o sostener las imputaciones que se tuvieron sobre algunas personas o bien analizar el pedido de sobreseimiento”, aclaró Pizzo. El argumento de esa frase se sustenta sobre la base que hay actuales imputados que, si bien aseguran ser víctimas de las estafas, aún no ha sido verificado por la fiscalía.

El fiscal indicó que hay “más de 40 hechos constatados” y que “se van a sumar muchos más”. “En su mayoría son de Mar del Plata y la zona, y tenemos algunos inmuebles en Florencio Varela y muchísimos casos de intentos de estafas procesales vinculados a otro Departamento Judicial”, comentó. En tanto, recordó que hay un arrepentido.

Consultado sobre la actualidad de los acusados, contó que “en principio, los imputados que habían sido procesados oportunamente prestaron declaración, y sobre casi todos pesan medidas cautelares de prohibición de salir del país y tienen que concurrir a la comisaría de su domicilio para mostrarse presentes”. “Sobre todos pesan medidas cautelares de inhibición de bienes”, acotó.

Para Pizzo, “no se puede descargar ninguna hipótesis” a la hora de hacer referencia de mayores responsables sobre estos hechos, en los cuales se los acusa de apropiarse de departamentos, casas, campos o lotes.

Lo importante es que vayamos en el camino de la verdad y que hemos interrumpido un modo ilícito que se generaba en el Registro de Propiedad e Inmueble de la Provincia”, destacó el doctor, quien aseguró que “el circuito fue cortado, a punto tal que los mecanismos de transferencias han variado a raíz de esta investigación”.

Acerca de cuál es uno de los puntos más salientes de la investigación, el fiscal no dudó. Remarcó que, con este caso, se logró revertir un sistema de seguridad que mostraba “serias falencias” en el Registro de la Propiedad e Inmuebles. “Era un trámite en el cual se utilizaba como ejemplo de transparencia y seguridad, y pudimos advertir a través de este proceso judicial que no era así”, sostuvo.

Aquí se estaba falseando la firma de jueces y civiles, inventando sentencias para lograr transferencias de inmuebles de manera ilegal. Se hacía a través del Registro de Propiedad e Inmueble, que transfería el dominio. Hoy podemos decir que ese circuito está cortado, así nos notificaron del propio registro y del Ministerio de Economía, de quien depende esta dependencia. De modo que uno de los fines del proceso penal y que tenemos los fiscales es priorizar este tipo de cuestiones y creo que lo hemos logrado”, sentenció.

Al respecto, afirmó que se modificó el sistema corrompido: “Tenemos constatado, a partir de diciembre pasado, cabe decir que hicimos más de 5 allanamientos en el propio Registro. Las autoridades tomaron nota de la cuestión, verificaron las falencias en el sistema que tenían y la modificaron a través de una reglamentación interna”.

Sobre las actuales calificaciones sobre estos delitos, precisó que está la caratula compuesta por “defraudaciones, estafas, falsificación de documentos públicos y privados, tentativa de estafa procesal, todas en concurso real”. No obstante, también dijo que, paralelamente, hay una causa por “asociación ilícita”: “Estamos convencidos que existió una asociación ilícita, dirigida criminalmente a efectuar transferencias inmobiliarias y otro tipo de cuestiones, como el levantamiento de medidas cautelares a través de la utilización de documentación falsa”. “Sin duda, uno de los hechos que hemos atribuido eso y desde el Ministerio Público lo vamos a seguir manteniendo. Un hecho independiente al resto es el de asociación ilícita, participaron más de 15 personas, entre ellos muchos profesionales”, concluyó.

La causa

A fines de febrero, una megabanda dedicada a las estafas inmobiliarias fue desbaratada tras una investigación iniciada a mediados del año pasado por la Fiscalía de Delitos Económicos local. Según información a la que accedió El Marplatense, hubo 37 imputados por llevar adelante múltiples maniobras ilícitas para apropiarse inmuebles en Mar del Plata, Miramar, Balcarce y en distintos puntos del conurbano bonaerense como Florencio Varela.

Se logró constatar hechos involucraron a abogados, agrimensores, empresarios, escribanos y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

Para apropiarse de departamentos, casas, campos o lotes, la justicia corroboró que la organización, que fue calificada como una “asociación ilícita”, falseaba sentencias de juicios que nunca se realizaron mediante documentación y firmas de jueces apócrifas. Acto seguido, esos papeles eran enviados al organismo provincial, cuyo control de seguridad nunca detectó ninguna anomalía.

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