A un año del megaoperativo en financieras, definen los sobreseimientos
A un año del megaoperativo en la Avenida Luro entre Independencia y Catamarca, que produjo la detención inicial de diez personas más el secuestro de millones de pesos, dólares y joyas, restan aún definirse los sobreseimientos de los 27 acusados de pertenecer a una presunta organización que realizaba operaciones marginales.
Si bien en las primeras horas de los múltiples allanamientos (fueron un total de 48 en Mar del Plata y Capital Federal), se hacía alusión al rol activo que tenían los famosos “árbolitos”, es decir a quienes vendían en la calle moneda extranjera a valores paralelos, el caso tomó una mayor consideración. Se trató de una megacausa llamada “Intermediación Financiera”, investigación que buscaba constatar delitos por parte de una banda acusada por “la venta ilegal de divisas, asociación ilícita y lavado de dinero”.
En esos procedimientos se detuvieron a importantes empresarios vinculadas con casas de cambio reconocidas de la ciudad, encargados de “cuevas financieras” y, como se contó, personas que vendían moneda extranjera en vía pública de manera ilegal. Todos ellos, el pasado 7 de abril, recibieron una sentencia que los sobreseyó del cargo que les pesaba en la Justicia, debido a presuntas negligencias en el trabajo de inteligencia realizado por Gendarmería.
A la hora de los fundamentos, los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jimenez y Bernardo Bibel entendieron que el informe no estableció fehacientemente a las personas que fueron alcanzadas por las escuchas telefónicas en el marco del inicio de la causa, generando que haya firmas que no estén realmente involucradas con la maniobra que estaba siendo analizada.
“Al confundir esto, la instrucción extiende con esa confusión la hipótesis supuestamente delictiva originaria e inmiscuye firmas que no están involucradas ni pertenecían al objeto procesal primigeniamente investigado”, señalaron en el fallo.
El delito de Intermediación Financiera se refiera a la situación en la cual alguna entidad funciona como si fuese un banco, pero sin el permiso del Banco Central. Es decir, que realiza operaciones como descuentos de cheques, préstamos, intercambio de divisas, sin la autorización del Banco Central.
El recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal
Desde el Ministerio Público Fiscal prefirieron no dar declaraciones ante la consulta de El Marplatense, pero este medio logró acceder al recurso de apelación que presentó el fiscal Daniel Adler. En el mismo, aseguró que el sobreseimiento “impide avanzar en la investigación de una compleja organización que manejaba de modo informal gran parte de la economía de este circuito federal y había generado un mercado paralelo que requería, para su funcionamiento, la comisión de los más diversos delitos penales”.
Asimismo, se ratificó que se trata de una “verdadera” asociación ilícita y es una de las investigaciones de criminalidad económica compleja más importante de la ciudad y que se habían detectado el uso de armas, la protección policial, el dinero sospechoso y la compra-venta ilegal de divisas.
“El juez consideró suficientemente acreditado que los partícipes de la asociación ilícita desplegaban diversas actividades” y que “locales comerciales de venta de oro, plata, relojes, joyas eran una pantalla”, se afirmó sobre otro de los argumentos.
El fiscal señaló que la Cámara de Apelaciones tomó una resolución “arbitraria” y no ofrece “ningún argumento que demuestre tal aserto”. Por estos motivos, solicitaron que se reforzara la investigación y no se eliminara, porque de esta forma se generaría “una impunidad intolerable”.
“Hubo una desmesura entre la imputación y la realidad”
Consultado por El Marplatense, Gustavo Marceillac, uno de los 12 abogadores que defienden a los acusados, dijo que “el gran problema que tuvo esa causa fue la desmesura entre la imputación y la realidad”.
“La causa se presentó con una gravedad que no se compadecía en absoluto con la realidad de lo que se estaba investigando. Esto se terminó poniendo en evidencia a raíz de la resolución de la cámara que dispuso el sobreseimiento de todos los imputados. No es una excepción en la metodología de trabajo en la justicia federal, sobre todo en estos tiempos”, señaló.
“Se presentan los casos como si fueran megacausas, cuando en realidad los hechos que se están investigando no tienen la trascendencia o la significancia que se les pretende dar. El único problema acá es que después es difícil remontar la imagen pública que se genera sobre los imputados a raíz de la presentación de un caso de la manera en la que se ha presentado”, indicó.
Según el letrado, “lo que se cuestionó en la cámara es que algunos informes, sobre todos aquellos determinantes que fueron los que determinaron el avance de la pesquisa, no se compadecían con la realidad”. En tanto, agregó que “luego, al demostrarse que estos informes eran falsos, las resoluciones judiciales que originaron las medidas terminaron siendo nulas”.
Marceillac precisó que “el trámite del recurso de casación ya está en marcha”. “Se fijaron las audiencias para la exposición de los agravios del Ministerio Público Fiscal y la contestación de las defensas para el 19 de octubre”. “Después la causa quedará lista para resolver, en noviembre deberíamos tener resolución de casación”, explicó.
“La causa tuvo una repercusión mediática y judicial fuera de lo común”
Por su parte, Facundo Capparelli, otro de los abogados que fueron entrevistados por este medio, sostuvo que “la causa tuvo una repercusión mediática y judicial fuera de lo común en proporción a lo que realmente existía en el expediente”. “Posteriormente, y mediante el transcurso de la instrucción todas las defensas que intervinieron fueron demostrando ciertos planteos de nulidad porque advertíamos que surgían del expediente agravios institucionales e incluso una variedad de informes ideológicamente falsos por parte de personal de gendarmería para darle una mera apariencia que especificara la posterior intervención telefónica o los allanamientos que se fueron disponiendo”, afirmó.
Para el abogado, “el germen de las intervenciones obedecía al informe falso y por lo tanto era invalido, y eso fue lo que entendió la cámara general de apelaciones de Mar del Plata”. “Está fijada una audiencia para el 19 de octubre a las 11.35. El ministerio público podrá formular breves manifestaciones orales complementarias al recurso escrito y además la defensa podrá hacer alegatos orales muy breves en la sala cuarta. Pasa a liderar sin que exista un plazo legalmente previsto, contó.
A su vez, subrayó que “los plazos en este caso son meramente ordenatorios por lo tanto no es previsible saber una fecha concreta de la resolución, la fecha es la de la audiencia, pero como dije recién una vez que esa audiencia concluye los jefes de la sala 4 pasan a deliberar para resolver lo que consideren ajustable al derecho ratificando o revocando la decisión de la cámara federal”.
Además, puntualizó que, si la Cámara de Casación confirma, ya quedaría firme las resoluciones de la Cámara Federal y los sobreseimientos dictados en consecuencia. “Y si eventualmente revocara la sentencia, la causa volvería a Mar del Plata pero estaría pendiente de ser resuelta mucha de las nulidades que le anticipe al principio de la entrevista”, agregó Capparelli. “De todo lo vinculado con la nulidad de allanamientos va a ser tratado por la cámara federal por si estas nulidades fueron tratadas llegaron en abstracto y por lo tanto tampoco seguro que una decisión de la cámara de casación reviva o resucite la causa”, concluyó.
