Usurpaciones: el dilema de afrontar más causas sin mayores recursos
La complejidad del delito de usurpación aparece como una preocupación constante para distintos sectores de Mar del Plata durante los últimos años. Y este 2017 tampoco resultó una excepción. El gran número de causas que lleva adelante la fiscalía especializada en la problemática y la escasez de recursos para afrontarlas, se vislumbran como las principales variables que tornan escenarios de difícil solución en la actualidad.
En un extenso mano a mano con El Marplatense, Lorena Yrigoyen, la fiscal que está a cargo de la unidad temática que investiga este tipo de hechos, aseguró que tramita un promedio anual de entre 1200 y 1300 causas.
Esos expedientes no sólo están referidos a usurpaciones, según aclaró la funcionaria judicial, sino que también están ligados a otros ilícitos vinculados con "celeridades, apremios ilegales y extorsiones".
"Somos una fiscalía con siete personas, incluyéndome a mí. Tenemos una competencia mucho más amplia que las de usurpaciones de propiedad y tratamos de hacer todo lo humanamente posible", sostuvo la fiscal, que reconoció, en una mirada más general: "Todos los días en todos los ámbitos del Ministerio Público se necesitan más recursos. El recurso humano es fundamental para que la Justicia siga".
Yrigoyen insistió en que desde su rol se "intenta hacer todo lo posible" aunque reconoció que los mayores inconvenientes están dados por el tiempo que conlleva lograr avances en las investigaciones, a partir de la dificultad para recabar elementos probatorios en los casos. "El problema son los tiempos, sin dudas. Tratamos de cubrir toda esa demanda, pero los tiempos no son lo que la gente pretende o exige", consideró.
La agente judicial explicó que la complejidad de esta problemática está dada por el amplio espectro delictual en el cual se enmarcan este tipo de hechos. "Hay muchos casos de usurpaciones de propiedad en sentido estricto, donde hay gente que a partir de la ausencia del propietario del lugar, aprovecha, ingresa violentamente a los inmuebles, pero también hay mucha otra gente que resulta que compra de buena fe con documentación que no corresponde al titular del dominio", indicó.
"De la gran cantidad de investigaciones que nos ingresan, la mitad tiene que ver con usurpación de propiedad en sentido estricto y la otra mitad tiene que ver con cuestiones que no son exactamente usurpación de propiedades si no gente que tiene problemas desde lo civil para poder reclamar sus derechos tanto posesorios o de dominio o gente que tiene documentación diferente de un mismo lugar, lo que sería una eventual estafa", detalló.
Ante ello, la principal referente de la fiscalía especializada remarcó que a la hora de comprar un inmueble "lo primero que se tiene que solicitar al vendedor es una escritura pública de dominio o consultar con algún profesional" que permita corroborar la veracidad de esos documentos.
"El que vende normalmente sabe lo que tiene. Realmente el que invierte es el que compra y es el que debería tener la responsabilidad de verificar esto para que no lo estafen. O no le vendan un derecho que es el que no está queriendo recibir", sostuvo.
Al puntualizar sobre las usurpaciones, Yrigoyen recordó que para la ley hay una "ocupación ilegal" cuando un terreno se ocupa a través de "determinados medios específicos", como puede ser la violencia, la amenaza o situaciones de "abuso de confianza".
"Un ejemplo es cuando uno le presta algo a alguien y por medio de ese abuso de confianza ingresa en ese lugar y después de un tiempo cambia su relación con ese inmueble y dice que es el dueño y que no se va a ir. Es muy raro pero existe esto", aseguró, y agregó: "Clandestinidad es cuando la gente ingresa a un lugar en forma clandestina. De noche, aprovechando que el dueño no es de este lugar, son esas formas determinadas de ingreso".
En este sentido, la fiscal dijo que en el transcurso de 2017 sólo se ha verificado un asentamiento que se gestó mediante la comisión de este delito. "Siempre que el terreno tenga un dueño, este tiene derecho a reclamar su tierra desde el ámbito civil que son dos ámbitos diferentes. El derecho es muy amplio y no siempre la respuesta tiene que estar en el ámbito penal. Sobre todo cunado hablamos de la propiedad", aclaró.
EL ROL DEL CERCO PERIMETRAL
Al brindar sus recomendaciones por estos hechos, la funcionaria judicial enfatizó en la importancia de "cuidar siempre la propiedad" a través del cercado de lotes que marquen las delimitaciones que corresponden a su propietario.
"Si alguien ilícitamente quiere ingresar a un terreno que tiene un cerco, necesariamente debe romperlo para poder entrar. Cuando uno rompe algo para ingresar a un lugar hay un daño y lo que se ejerce es violencia sobre el cerco. Entonces, como medio comisivo, para nosotros es el más simple de probar", afirmó.
Para la labor investigativa, la fiscal consideró clave el aporte testimonial que puedan realizar vecinos a la Justicia para recabar elementos que indiquen quién se encontraba en un terreno, pero advirtió que "muchas veces hay problemas en la colaboración de los testigos".
"Hay que tener en claro que el delito de usurpación de propiedad protege al poseedor de la cosa; no al propietario. Es al que va al terreno, al que le corta el pasto, al que lo cercó, al que paga los impuestos, al que tiene ese terreno y ejerce los derechos posesorios sobre el terreno", remarcó, y agregó: "Todo eso que exige el código lo tenemos que probar y cómo lo podemos probar: normalmente con la declaración de los vecinos del lugar. Con esto, nos pueden decir quiénes estaban, si ellos vieron cuando ingresaron, cómo, si escucharon un ruido".
Al ser consultada por las vías de reclamo que tienen los propietarios que no cuentan con terrenos cercados, Lorena Yrigoyen dijo que "cuando se ve un movimiento raro lo primero que se de haber es llamar al 911" para que la policía trate de evitar la conformación de un asentamiento.
"Tratamos tanto que la gente que no tiene vivienda y que tiene que recurrir a este tipo de ocupaciones no tenga problemas y tampoco el dueño. El problema es cuando ese asentamiento ya se produce y nosotros llegamos mucho tiempo después", aseguró, y profundizó, en la misma línea: "Nosotros tenemos que verificar si realmente existe un delito o si es simplemente una ocupación ilegal que el dueño tiene que iniciar una acción civil porque el derecho le da todas las facultades para ejercer su derecho de dominio, pero no desde este ámbito penal".
Además, la fiscal explicó qué derecho prevalece en estas maniobras, cuando se contrapone el derecho del propietario y el derecho de las personas que reclaman por una vivienda: "Han llegado a la cámara departamental y las tres salas se han pronunciado sobre esa puja de derechos. Y lo que dicen las tres salas es específicamente que quien tiene que garantizar el derecho a una vivienda digna a una persona es el Estado, no el particular"
"Generalmente es el Ejecutivo porque todo lo que tiene que ver con los planes de vivienda y asignación de recursos siempre tiene que ver con el ejecutivo. Entonces el Estado es el que tiene que garantizar ese derecho, no el particular. En esa puja el derecho de dominio de propietario es el que predomina", concluyó.
