Buscan extender la “purga de familiares” a la Justicia y el Congreso

Desde el Gobierno de Mauricio Macri definen los últimos detalles del proyecto de Ley de Ética Pública, que pretenden terminar de pulir la próxima semana con el objetivo de apurar su debate parlamentario. También se busca a exigir que los gremialistas declaren sus bienes.

Por Redacción

sábado 17 de febrero, 2018

En el discurso que pronunciará el 1° de marzo en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias, Mauricio Macri presentará los desafíos en materia de transparencia que trazó para este año. Uno de los temas claves estarán abordados dentro del proyecto de Ley de Etica Pública, que el Gobierno terminará de pulir la próxima semana con el objetivo de apurar su debate parlamentario.

Si bien los funcionarios a cargo de la iniciativa ponen reparos y aclaran que “todavía no está cerrado”, está confirmado que el texto que propondrá la Casa Rosada contendrá tres puntos que en los últimos meses estuvieron en la agenda pública: el combate del nepotismo, la instrumentación de medidas para evitar casos de conflictos de interés y la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas para los gremialistas, una de las cartas que, tal como adelantó Clarín el mes pasado, el Gobierno decidió jugar contra los sindicalistas.

Aunque tanto la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a cargo de la redacción del proyecto, como el flamante secretario de Fortalecimiento Institucional Fernando Sánchez, quien desde Jefatura de Gabinete supervisa la iniciativa, ya habían acordado junto a un grupo de legisladores incluir el tema, el decreto que firmó el Presidente para prohibir la designación de familiares de ministros en el Ejecutivo los forzó a ir más allá.

En su artículo 5, el proyecto amplía el concepto y no sólo atiende la situación de los ministros. Establece, además, que “los funcionarios públicos”, sin importar el rango, “no pueden promover ni designar a familiares hasta el cuarto grado o segundo por afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”. Es decir, un funcionario no podrá contratar bajo su área ni siquiera a un primo.

El texto aclara que la prohibición “se extiende a cualquier tipo de designación recíproca que suceda entre las distintas reparticiones”. Esto es moneda corriente en el Congreso.

Pero el proyecto, al menos en este punto, es ambicioso y terminaría por partida doble con estos enroques. Es que, además, extiende el decreto de Macri a los otros dos poderes del Estado: los familiares de legisladores no podrán ser contratados en el Congreso; y los de jueces y fiscales tampoco podrán ingresar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, respectivamente. Igual, la “familia judicial” tendrá una alternativa para asegurar su supervivencia: quedarán exceptuados aquellos que ingresen por concurso público.

Con el proyecto, el Gobierno también apunta a mostrarse activo ante el que acaso sea su punto más bajo en cuanto a transparencia: el conflicto de interés. Por eso, en el artículo 28 establece pautas de actuación no sólo ante un caso “actual”, como el que obligó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a vender sus acciones en Shell. Introduce como novedad la figura del conflicto de interés “potencial”, que exige a un funcionario abstenerse de intervenir en cuestiones vinculadas a personas o firmas con las que tuvo relación en los tres años anteriores. Esta medida fue puesta en práctica por el Ejecutivo cuando le ordenó al ministro de Producción Francisco Cabrera intervenir en lugar de Aranguren en los asuntos relativos a la petrolera.

Por último, establece el conflicto de interés “aparente”, que hace una interpretación más amplia. Fija casos “en los que no se configura un conflicto de intereses actual o potencial” pero que “la significación institucional, social o económica de una situación amerite fortalecer la confianza de la ciudadanía”.

Asimismo, además de requerir declaraciones juradas más reales para los funcionarios, al imponer -entre otras cuestiones- la obligatoriedad de consignar el precio de venta de una propiedad en vez del valor catastral, el Gobierno insertó en el proyecto modificaciones a las leyes 23.551 (de las Asociaciones Sindicales) y 23.660 (Obras Sociales) por lo que establecerá “la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial de intereses” a los miembros de los órganos directivos y de administración de los gremios y obras sociales. La idea es que las DD.JJ. puedan ser consultadas online por cualquier ciudadano.

Para el próximo miércoles, Alonso y Sánchez trazaron una mesa de trabajo en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada. Y tras escuchar los últimos aportes de referentes de todos los sectores, pulirán el proyecto, para que Macri lo gire al Congreso. En Jefatura de Gabinete creen que la oposición no tendrá margen para frenarlo.

 

Fuente: Clarín

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