Pidieron la detención de Echegaray, Cristóbal López y De Sousa
El fiscal general Germán Moldes pidió la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, y también la de los socios de la petrolera Oil Combustibles, Cristóbal López y de Fabián De Sousa. Moldes incluyó esos requerimientos en su apelación de la decisión de excarcelar a ambos empresarios en la causa por la retención de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles, informaron fuentes judiciales.
El 16 de marzo pasado, en una controvertida decisión y con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la Sala I de la Cámara Federal decidió liberar a los dueños del Grupo Indalo, que estaban detenidos desde el 19 de diciembre por orden del juez Julián Ercolini.
Su fallo quedó teñido de sospechas luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, pidiera investigar antes el Consejo ce la Magistratura un presunto pago de coimas. La Corte Suprema de Justicia también le ordenó a ese organismo que investigara cómo había sido seleccionado Farah para desempatar los votos enfrentados de Ballestero y el otro miembro de la sala I, Leopoldo Bruglia, quien se había opuesto a la excarcelación de López y De Sousa. Ballestero le envió el expediente a Farah, quien votó igual que sólo veinte horas después de haber recibido el caso.
En su descargo escrito, Ballestero explicó que Farah ya había actuado en otras causas conexas a ese expediente, y que por eso lo convocó directamente, sin sorteo previo. El otro juez que podría haber desempatado es Martín Irurzun, históricamente más estricto tanto con las prisiones preventivas como con las excarcelaciones.
Además de pedir que tanto los empresarios como el ex funcionario K sean detenidos, la apelación de Moldes apunta a recuperar la calificación del delito investigado como una "defraudación al Estado agravada", que atenuada por Ballestero y Farah en su sentencia, por la de "apropiación indebida de tributos". Si esta última calificación se mantuviera, según destacó Clarín, Oil podría seguir tramitando el caso ante la justicia Penal Económica como un caso de evasión, y -según admitió la AFIP ante el juez comercial Javier Cosentino- podría acceder a moratorias y planes de cuotas para pagar un monto sensiblemente menor a los 17.000 millones de pesos que hoy reclama el ente recaudador.
