Confirmaron procesamientos en la causa “Choferes fantasmas”
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de empresarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata en la causa llamada “Choferes fantasmas” por el delito de defraudación a la administración pública.
Los procesados fraguaron declaraciones juradas y anotaron a cientos de desocupados como empleados de sus empresas, haciendo crecer la cifra de choferes de colectivos para cobrar millones extra en subsidios del Estado, según detalló Clarín este lunes.
Los acusados habían apelado a la acusación diciendo que el motivo por el cual se habían apoderado indebidamente de 16 millones de pesos era el de beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo.
Para los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez esta justificación resultó “difícilmente sostenible conforme la lógica y las máximas de la experiencia, que distintos empresarios hubieran asumido el riesgo de encarar una actitud temeraria como la verificada en la instrucción con el sólo objeto de mantener un subsidio al valor del boleto de los ómnibus y caritativamente evitar que los pasajeros abonen un incremento del mismo”.
La resolución de la Cámara, a la que tuvo acceso Clarín, se da en el marco de la discusión del aumento del pasaje en la ciudad que hoy cuesta $9.85 y los empresarios quieren llevarlo a $14.19.
Por otro lado, los magistrados aseguraron que “estamos frente a sociedades comerciales que ejercen su actividad específica en búsqueda de maximizar sus ganancias y minimizar las pérdidas, no son entidades sin fines de lucro o de beneficencia”.
Los empresarios procesados sin prisión preventiva son Juan María Inza Irisarri y su hijo Juan María Inza Decaux, y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga. En su conjunto, son responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.
La maniobra se realizó en el primer trimestre del 2016 cuando los titulares y apoderados registraron en las cuatro empresas de colectivos a 357 “choferes fantasmas” quienes en su mayoría eran desocupados y habían dejado currículums en las empresas.
Los mismos “choferes fantasmas” fueron los que advirtieron en la Justicia el hecho al enterarse cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijoque no les correspondía el beneficio por ser empleado y cobrar “20 mil pesos por mes”.
El abogado Julio Hikkilo, de La Casa del Trabajador, reunió 392 casos; no todos pudieron ser probados. El caso lo publicó Clarín en en noviembre de 2016 y a partir de ese informe el Ministerio de Transporte de la Nación inició una investigación y se presentó en la Justicia con pruebas.
