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Caso Maldonado: acusan a dos abogados de dar información falsa

Se presentaban como representantes de la APDH. Y buscaron instalar la hipótesis de la “desaparición forzada”. Ahora los denuncia el Gobierno.

Por Redacción

martes 5 de junio, 2018

El Gobierno realizó una solicitud ante la Justicia Federal para que se investigue en profundidad el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Por estos días González Quintana, quien viajó junto a Cabaleiro a Chubut en septiembre de 2017 alegando que ambos eran representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), está sujeto a un proceso disciplinario por parte del Tribunal de Disciplina de Córdoba. En este marco y distanciándose de él, la APDH nacional elaboró un documento donde se confirma que no integra ni ha integrado el organismo.

En el pedido, que lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.

En el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación.

En la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, Soto deja entender que es evidente la construcción de un relato por parte del abogado que prácticamente le va dictando una secuencia a Ariel Garzi (amigo de Maldonado) durante una conversación telefónica. En ese intercambio se elabora el “testimonio” del joven a dos voces.

El documento tiene como expectativa demostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y ética que rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país. El ministerio busca determinar, por ejemplo, si “el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias”, señala el pedido.

 

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