Revés judicial para la Argentina por la estatización de YPF
La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió este martes que la demanda contra la República Argentina de tres mil millones de dólares presentada por un fondo buitre por la expropiación de YPF deberá seguir adelante en Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había solicitado el Gobierno.
El fallo representa un revés para la estrategia argentina, que aspiraba a trasladar la controversia desde el juzgado del fallecido Thomas Griesa a los tribunales locales para alejar la amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital. Ahora, el Gobierno deberá evaluar si apela la decisión ante la Corte de los Estados Unidos.
Por otro lado, Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital. En su presentación, las legisladoras advirtieron que se trató "de un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debería ser el objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
El Grupo Petersen, que llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los fondos buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. Alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías.
La demanda, según La Nación, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de mercado.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner terminó por compensar a Repsol con unos 5000 millones de dólares, mientras que las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia Repsol.
