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Por Roberto Garrone

La necesidad de renovar la flota requiere una industria naval activa

Pino Solanas presentó un proyecto de ley para llevar adelante el proceso en astilleros y talleres nacionales. Pero Macri le quitó financiamiento a la Ley de Industria Naval que había aprobado el Congreso el año pasado.

domingo 5 de agosto, 2018

Por Roberto Garrone

La antigüedad promedio de las embarcaciones que pescan en nuestras aguas supera ampliamente la de la mayoría de los países de la región.  40 años en promedio tiene la flota con asiento en el puerto de Mar del Plata.

Flotan en el puerto 91 embarcaciones que superan los 45 años, en las cuales se embarcan más de 720 marineros.

Nuestro país es uno de los pocos en el mundo que teniendo una industria naval instalada permite la importación de barcos usados. Pesqueros, mercantes y recientemente remolcadores y patrullas. Ninguno de los barcos que tiene la Prefectura Naval Argentina fue construido en astilleros nacionales.

La Subsecretaría de Pesca de la Nación y de la Comisión de Intereses Marítimos del Frente Común indican que de los 485 barcos pesqueros ingresados a la matrícula, el 51,55% fue adquirido en el extranjero.

Si se calcula la capacidad de bodega, ese porcentaje se eleva al 85,46%. Es que la industria nacional se debió limitar a la construcción de barcos con una capacidad de bodega menor a 300 toneladas, siendo el único reducto en el que logró mantenerse y competir.

Estos datos forman parte del documento final del Segundo Foro para la Renovación de la Flota Pesquera que se realizó ayer en el Aula Magna “Coca Maggi” del Complejo Universitario. El primero había ocurrido en la primavera del 2016, luego del hundimiento del San Antonino, que se cobró 6 víctimas a 10 millas de la costa frente al Faro de Punta Mogotes.

La causa se tramita en la Justicia Federal y a casi dos años del naufragio -1 de septiembre- todavía no aportó certezas más allá de la falla evidente de la balsa salvavidas. A diferencia del “Rigel”, la balsa se eyectó a la superficie ante la diferencia de presión cuando el barco se hundió, pero los marineros no pudieron abrirla. El que se ahogó se murió de frío. Inchausti todavía no encontró responsables pero permitió que los armadores cedieran el permiso de pesca.

No todos los barcos viejos están condenados a hundirse. Pero sin mayores recursos humanos de Prefectura para aumentar y mejorar los controles, la falta de capacitación del personal embarcado y la flexibilidad de las autoridades pesqueras para otorgar prórrogas que justifiquen inactividades prolongadas,  los riesgos aumentan.

Luego del naufragio del Rigel el senador Fernando “Pino” Solanas presentó un proyecto de ley con el objetivo de renovar la flota pesquera en astilleros y talleres nacionales para reactivar la industria naval. La iniciativa fue analizada desde múltiples miradas durante el Foro con el propósito de mejorarlo. Bastante trabajo tuvieron…

El proyecto prevé que una vez que entre en vigencia la ley, los armadores tendrán un plazo máximo de 3 años para reemplazar y desguazar los buques de pesca que tengan una antigüedad superior a los 40 años y de 5 para reemplazar y desguazar los buques que tengan una antigüedad superior a los 35 años.

El proyecto no brinda certezas sobre la manera o de dónde surgirían los fondos para financiar el plan de reconversión. En realidad ese parece ser el talón de Aquiles de todas las iniciativas para despertar a la industria naval y multiplicar a sus trabajadores.

En diciembre pasado el presidente Macri, el mismo que visitó semanas atrás las gradas de Contessi y se conmovió al ver un astillero trabajando a pleno en proyectos de construcción pesquera, vetó a través del Decreto 1076 dos artículos claves que garantizaban el financiamiento de la ley de Industria Naval aprobada por el Congreso luego de un debate legislativo que duró varios años. Muchos de los que ayer participaron del Foro discutieron esa Ley ahora convertida en un cascarón vacío.

El proyecto de Solanas contiene algunas curiosidades que marcan el desconocimiento que sus asesores tienen de la actividad pesquera. El artículo 7 señala que si un barco está inactivo 60 días debe ser desguazado. Si prospera nos quedaríamos sin la flota potera y tangonera, protagonistas de actividades zafreras y con mucho tiempo amarrados a muelle “inactivos”. La propia Ley Federal de Pesca establece 180 días de inactividad.

La otra duda asoma en los artículos 4 y 8 que se pueden interpretar como que se limita la importación de barcos nuevos. En el sector naval desean impedir totalmente la importación, pero de barcos usados. Contra eso, han repetido muchas veces los empresarios navales, no pueden competir.

Más allá de la suerte del proyecto de Pino, lo importante es que la industria naval puede renovar muchos más barcos de los que se construyen en la actualidad. El problema es que el propio Estado que apuntala al sector desde el discurso, lo dinamita en los hechos.

 

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