Según un fallo, AFIP local "cajoneó" investigación contra Lázaro Báez
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, por encubrimiento agravado en concurso ideal con el de violación de los deberes de funcionario público, al considerar que obstruyó la fiscalización de "facturas truchas" emitidas a Austral Construcciones SA, la empresa insignia de Lázaro Báez.
En sus fundamentos, el Tribunal de Alzada sostuvo que Echegaray disolvió la Dirección Regional de Bahía Blanca -que había advertido la emisión por parte de empresas de facturación apócrifa para su utilización en un fraude fiscal a favor de Austral Construcciones S.A.- para que los controles pasaran a depender de la Dirección Regional de Mar del Plata.
Según el fallo, esta maniobra "importó centrar la revisión en las firmas emisoras dejando de lado al beneficiario final en virtud de la adopción de decisiones tardías e incompletas". La hipótesis delictiva sobre la trabaja la Justicia "es un montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas".
En diciembre de 2017, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9 a cargo del juez Javier López Biscayart, se realizaron 70 allanamientos en domicilios en Mar del Plata, Bahía Blanca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otras localidades del país, para obtener documentación probatoria del accionar de esta banda que se dedicaba a la emisión, colocación y venta de facturas electrónicas apócrifas por unos 4.100 millones de pesos, que se extendió por poco más de dos años.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia también confirmaron el procesamiento de Ángel Toninelli que estaba a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), a quien le reprocharon que, los mismo días de noviembre de 2012 en los que disolvían la regional de Bahía Blanca, viajó ida y vuelta junto a Martín Báez, hijo de Lázaro y directivo de Autral, desde Buenos Aires a Río Gallegos en uno de los aviones privados de la firma a la que debía investigar como funcionario público.
