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Casación Federal declaró imprescriptibles los delitos de corrupción

Revocó el fallo del Tribunal que determinó en mayo de 2016 la extinción de la acción penal en la causa IBM-DGI, al entender que es un grave delito doloso que atenta contra el sistema democrático. Ordenó que se realice el juicio oral por el desfalco de 120 millones de dólares en los 90, durante la digitalización de datos de la actual AFIP.

Por Redacción

miércoles 29 de agosto, 2018

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al Tribunal que lleve adelante el juicio oral, al interpretar que los delitos de corrupción son imprescriptibles. El fallo fue difundido este miércoles, en un contexto en que los desfalcos contra el Estado están en el centro de la opinión pública por la resonante investigación de los “cuadernos de las coimas”.

En esta causa se investiga el pago de sobreprecios por el parte del Estado Nacional -de aproximadamente 120 millones de dólares en los años 90- en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección General de Impositiva (D.G.I.), en el que se encuentran acusados ejecutivos de la empresa multinacional IBM y ex funcionarios del gobierno argentino.

En mayo de 2016 el Tribunal Oral Federal nº 3 había declarado la extinción de la acción por prescripción, pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación. En diciembre de ese año, con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, la Sala IV revocó esa decisión. Pero la Corte Suprema de la Nación anuló esa decisión por falta de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y ordenó que se dicte una nueva resolución.

En este nuevo fallo, el juez Gemignani mantuvo su criterio original acerca de la imprescriptibilidad de esta clase de delitos y el juez Hornos concluyó que por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan imprescriptibles los graves hechos de corrupción cometidos contra el estado que conlleven enriquecimiento.

Hornos expuso que el quinto párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático. En esta línea, solamente son atentados contra la democracia aquellas maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan socavar las instituciones o los valores de la democracia.

Según el magistrado, con esta interpretación, la Constitución reconoce la realidad de este tiempo en el que la corrupción atenta contra la República y sus instituciones, como en el siglo pasado fueron considerados los golpes de Estado y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público.

Evaluó que no es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se llevan a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado.

Así, luego de analizar la imputación formulada en el caso concluyó que, en esa hipótesis, se está juzgando un grave hecho de corrupción que habría conllevado enriquecimiento. Por ello resolvió que no es constitucionalmente posible la prescripción de la causa y que debe celebrarse en forma urgente el debate oral y público. Los imputados ya apelaron la resolución ante la Corte Suprema.

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