Causa "Lavado total": la fiscalía pide que vayan a juicio 27 personas
Después de individualizar el auto de unos de sus hijos, que era guardado en un galpón sobre la avenida Jara al 3800, se dispuso en abril de 2013 el allanamiento del lugar donde se encontraron otros 30 vehículos sin respaldo financiero ni documental aparente.
A partir de ahí se estableció como hipótesis de investigación la existencia de una organización conformada por dos grupos de personas vinculadas entre sí -una de las cuales se encuentra prófuga en el marco de esta causa y también en la denominada causa “Marea Verde” donde se secuestraron 2.800 kilos de marihuana-, y dedicados, en su mayoría, a la compra y venta informal e irregular de automóviles.
De acuerdo a las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal entendió que la organización, por lo menos a partir de 2011 hasta la actualidad, habría adquirido bienes con las ganancias obtenidas del tráfico ilícito de drogas, que fueron puestos en circulación en el mercado mediante maniobras de compraventa y transferencia de vehículos con la finalidad de dar una apariencia lícita cuando su origen sería espurio.
De esta manera se llegó a los allanamientos desarrollados en septiembre de 2016, en el operativo que se conoció como “Lavado total”. Actualmente son 60 las personas que forman parte de la investigación, por lo que se requirió profundizar la pesquisa respecto de las restantes personas sobre las que no se pidió aún su juicio oral y público. En la instrucción de la causa, la Fiscalía Federal N°2 contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En su requerimiento, el fiscal Czizik valoró al menos ocho hechos de narcotráfico precedentes del lavado de activos, desde donde provendría el dinero ilícito, algunos de ellos con condenas firmes; otros pronto a llegar a juicio oral como Marea Verde, previsto para el 2019.
Se han comprobado al menos 107 maniobras de compra-venta de vehículos, que serían compatibles con el delito de lavado de activos. Justamente esas operaciones de compra-venta informal e irregular habrían servido de medio para convertir dinero de la venta de drogas en autos e intentar dar una apariencia lícita de ese patrimonio, pero que sin embargo no se pudo acreditar el origen lícito del mismo. Las maniobras, según consta en la investigación fiscal, se extendían a otras ciudades del país: tal es el caso de los autos registrados en la provincia de Corrientes, con domicilios inexistentes o inhallables, y que a pesar de ello tenían su asiento físico en Mar del Plata.
En este sentido, el fiscal argumentó: "La transferencia de dinero obtenido de la venta de la droga hacia vehículos automotores, en conjunto con el aprovechamiento de estas actividades pseudo-lícitas (la compra venta de automóviles irregular), permitía a los narcotraficantes no solo asegurar las ganancias en objetos que son más fáciles de resguardar y que no se deprecian tan rápidamente como la moneda, sino además disimular inmediatamente el producto del narcotráfico. Los automóviles servían como cajas de seguridad, y a través de compras y ventas y sobre todo permutas, eran movilizados de un lugar a otros, diversificándose así las operaciones comerciales de los beneficiarios y/o directamente involucrados de la actividad ilícita precedente".
"Así como una financiera ilegal es un negocio propicio para lavar dinero -continuó-, también lo es una 'concesionaria' que no prevé mecanismo alguno respecto de los compradores de vehículos para resguardar la licitud del origen de los bienes de cada compra, ni cumple con las pautas de la UIF para prevenir este tipo de delitos. Por tanto, el proceso de camuflaje de los bienes obtenidos de modo ilícito se producía prácticamente de modo automático, a partir del particular modus operandi de la organización".
DENUNCIAS POR EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA FEDERAL
Los abogados que representan a los imputados ya han presentado diferentes denuncias al acusar "graves irregularidades" en la instrucción que está a cargo del titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti.
En este expediente, el magistrado fue acusado fue acusado por “hechos abusivos”, “destrato a los profesionales”, “abuso de autoridad” y “prevaricato”, al mismo tiempo que hay otras presentaciones en el Consejo de la Magistratura que buscan avanzar con la posibilidad de un "juicio político".
Uno de los principales ejes de la investigación busca determinar si el funcionario judicial habría cometido el delito de “cohecho”. La acusación se desprende por la forma en la que se tomó la posesión del predio de 25 hectáreas ubicado en las afueras de la ciudad, donde Inchausti decidió que permanecieran alojados los 300 autos que les incautó a los integrantes de la comunidad zíngara. “El magistrado lo recibió en forma gratuita por parte de los propietarios de ese inmueble, cuando se debió recurrir al procedimiento licitación publica a través de la Dirección General Financiera del Poder Judicial de la Nación”, explicó a este medio Martin Ferrá, uno de los abogados denunciantes.
En caso de que la Justicia comprobara los “abusos funcionales y las irregularidades” denunciadas, Santiago Inchausti podría ser suspendido y ser sometido a juicio político, según explicó el letrado.
