La Justicia ratificó el accionar del Municipio por el "Paseo Aldrey"
La Justicia ratificó en las últimas horas el accionar del Municipio por avanzar con la quita de cartelería que auspiciaba el nombre “Paseo Aldrey” en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado sobre Sarmiento al 2600, al sostener que implicaba una violación a la ordenanza 20.657 en la que se establecen las bases y condiciones para la explotación del lugar.
Desde el Municipio difundieron un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata en el que se decidió rechazar la medida cautelar que pretendía interpone el grupo empresario que actualmente posee la concesión del espacio.
Tal como ya había dictaminado en primera instancia un juez del mismo fuero, las autoridades judiciales que intervinieron en esta oportunidad consideraron que se debe "respetar su correcta denominación en consonancia con las pautas del contrato de concesión, en conjunto con el pliego de bases y condiciones y a la Ordenanza Municipal 20.657 que rige el uso, puesta en valor y explotación la citada unidad", según informó el Municipio.
"Esta exigida regularidad, en la difusión del nombre adecuado, que requiere el Ejecutivo Municipal al concesionario del "Centro Cultural Estación Terminal Sur" tiene como finalidad, además, la íntegra apertura de la plaza pública enclavada en la zona aledaña al casco histórico de la Terminal Sur, la conformación del Comité Cultural para la organización entre concedente y concesionario de las actividades culturales a desarrollarse en la misma", recordaron, desde la comuna.
En el transcurso de abril, el Intendente Carlos Arroyo coordinó diferentes operativos para proceder con la quita de la cartelería. “El que ganó la licitación puso los carteles que quiso y el nombre que después comercializó. Mi obligación es hacer cumplir la ley. Tiene la concesión por un tiempo, después tiene que reintegrar la tenencia”, había fundamentado el jefe comunal, en declaraciones a Radio Mitre Mar del Plata.
Los operativos derivaban de un proceso administrativo iniciado en el mes de enero de 2016 con la intervención de la concesionaria, que persigue la regularización de las pautas del contrato de concesión en conjunto con el pliego de bases y condiciones.
