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Transferirán a los Municipios el costo de la tarifa social eléctrica

Se desprende del adelanto que hizo el Gobierno de María Eugenia Vidal del Presupuesto 2019. Se trata de un gasto de $8000 millones. Hay millones de beneficiarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el resto de la Provincia.

Por Redaccion

martes 6 de noviembre, 2018

El gobierno de María Eugenia Vidal transferirá a los municipios el costo de la tarifa social a las boletas de luz. Así lo explicitó el Ejecutivo en el adelanto del Presupuesto 2019. Hay intendentes que ya advierten que su situación financiera no les permitirá hacerse cargo de ese nuevo gasto, que será de unos $8000 millones.

Desde el año que viene la provincia de Buenos Aires tendrá que solventar los subsidios al agua y al transporte público, tal como fue acordado con la Casa Rosada en el marco del ajuste negociado para el Presupuesto 2019 de la Nación.

Pero en el resumen del proyecto de ingresos y gastos que Vidal envió a la Legislatura bonaerense, el Ejecutivo blanqueó que otra parte de los subsidios transferidos desde la Nación recaerá en las cuentas municipales. De esta forma, cada intendente deberá hacerse cargo del cargo subsidiado a cada hogar con tarifa social eléctrica.

Según fuentes provinciales consultadas por Todo Noticias, se trata de un gasto extra total de $8000 millones. Semejante monto ya provocó una alerta entre los intendentes, porque afirman que la situación de ajuste general en el Estado los deja sin margen para afrontar esa nueva obligación.

Actualmente, según datos oficiales, hay 4,3 millones de beneficiarios de la tarifa social eléctrica en todo el país, pero en la discriminación por distrito el Estado toma en cuenta el Área Metropolitana por un lado (con 1,3 millones de hogares con subsidio social), que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y por otro lado el resto de la provincia de Buenos Aires, con otros 573.000 usuarios.

Desde la provincia admitieron que no habrá “ingresos extra” para los intendentes a la hora de comenzar a pagar por la tarifa social de luz. Muchos de ellos se enteraron de la noticia recién al ver el adelanto del proyecto de Presupuesto y ya comenzaron a mantener reuniones en la tarde del lunes para tomar una postura común. Si bien eligieron no dar más detalles de la medida, desde el gabinete de Vidal dijeron que “no está resuelto”.

Una sensación que sobrevuela entre algunos jefes comunales es que el Gobierno bonaerense no necesitará trabajar este punto del Presupuesto porque “ya tiene los votos en el Senado y en Diputados le faltan tres”, según comentaron desde una intendencia opositora.

Cambiemos negocia mano a mano con el Frente Renovador para conseguir las voluntades suficientes para aprobar el proyecto. El oficialismo bonaerense ya sabe que Unidad Ciudadana, otros bloques peronistas y la izquierda rechazarán el Presupuesto.

Este traspaso de gasto desde La Plata hacia los municipios tiene lugar en un contexto de reclamo del gobierno de Vidal hacia la Nación por la actualización de la compensación acordada el año pasado hacia Buenos Aires por el Fondo del Conurbano bonaerense. Por efecto inflacionario esos envíos habrían quedado desactualizados en $19 000 millones, pero ante la restricción presupuestaria podrían llegar a ser reparados a través de obras públicas.

Actualmente para obtener la tarifa social eléctrica es necesario ser o bien jubilado, o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, hoy en $21400, o bien beneficiarios de programas sociales, monotributo social, usuarios con certificado de discapacidad, entre otros requisitos.

En la actualización del Consenso Fiscal que hace poco menos de dos meses firmaron la Casa Rosada con las provincias, de todas formas, se dejaba entrever que las condiciones con las cuales se otorga la tarifa social eléctrica podrían cambiar.

Para el caso de la luz, la adenda al pacto fiscal invitaba a que las provincias y la Ciudad participen “en la definición de la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios”.

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