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Cuadernos de las coimas: piden detener a Rocca y Abal Medina

El fiscal apeló la decisión del juez Claudio Bonadio, que había procesado al CEO de Techint y al ex jefe de Gabinete sin prisión preventiva.

Por Redacción

miércoles 5 de diciembre, 2018

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron este miércoles la detención del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, al apelar la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarlo sin prisión preventiva, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga la trama de corrupción durante el kirchnerismo. La medida alcanza también al ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina.

Bonadio había procesado el martes pasado al empresario como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.

Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

En la misma investigación, conocida como la de los cuadernos de las coimas, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

En su resolución, el magistrado también decidió procesar a Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan, Rubén Aranda, entre otros, y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas, contra Roberto Baratta por el mismo delito y el de otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez.

Pero los fiscales de la causa, Rívolo y Stornelli, apelaron la medida, considerando que los procesados deben quedar detenidos al igual de los demás acusados en este expediente.

Para Bonadio, según destacó Clarín, se pudo determinar “la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades” del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, quienes “diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

 

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