El fracaso de la autogestión
El puerto autosustentable, capaz de afrontar con fondos propios la obra de dragado, cuya segunda etapa finalizó hace dos semanas en el puerto de Mar del Plata, fue uno de los caballitos de batalla de la gestión que encabeza Martin Merlini.
Canlemar SL fue la única empresa que se presentó en la licitación nacional e internacional que promovió el Consorcio en el 2016 para recuperar profundidad luego de la obra realizada por los equipos chinos y su pata criolla, Servidraga, del Grupo Román, en el 2014, donde removieron más de un millón de m3 de sedimentos por más de 10 millones de dólares.
Lo que en principio sería una obra de poca envergadura, unos 300 mil metros cúbicos para profundizar sectores claves del espejo interior, un arenero para las grandes empresas dragadoras que operan en el litoral fluvial y marítimo, se multiplicó por tres.
Canlemar es la empresa en la que trabajaba un viejo conocido del Presidente del Consorcio. La española siempre fue el as en la manga que tuvo Merlini para llevar adelante el trabajo cuando en el invierno del 2016 había dudas sobre quién podría interesarse en la obra. De 300 mil m3 previstos terminaron siendo casi un millón entre las dos etapas. Pero cuando eso quedó en evidencia la Omcav 10 entraba y salía parsimoniosa por la boca del puerto.
Claro que es importante mantener el puerto dragado y garantizar la previsibilidad por los próximos dos años, cuando venimos, no hace mucho, de estar casi 3 años sin recibir grandes buques justamente por falta de calado. Es lo mínimo que un puerto puede ofrecer pero en Mar del Plata es noticia.
Y costó mucho menos que el último realizado durante el gobierno de Cristina y Scioli. Ambos pagaron “miti y miti” los 108 millones de pesos, algo más de 10 millones de dólares. Ahora dicen que costó la mitad.
En ese relato de austeridad florecen dudas a la sombra de la poca transparencia de la gestión Merlini. El año pasado, en la primera etapa del dragado, dijeron que se dragarían finalmente 440 mil m3 de sedimentos en 90 días de trabajo, con un presupuesto de 3,2 millones de dólares.
La obra se desbandó de los cálculos previstos por motivos diversos. Finalmente se removieron 677 mil m3 de arena en 161 días de trabajo. Lo único que no varió, según Merlini, fue el presupuesto. Ahora pasó algo parecido con los tiempos de dragado. Fueron 370 mil m3 en casi 5 meses, con un costo de 1,8 millones de dólares. Quedó el fracaso del refulado a Playa Grande y el descontento de los permisionarios.
La autosustentabilidad de la que Merlini hizo bandera, mientras otros puertos públicos recibían fondos públicos de la Provincia para encarar sus obras de dragado, provocó un descalabro presupuestario.
Es difícil mensurar con exactitud el impacto que generó en los números del consorcio porque entre las cosas que Merlini guarda bajo siete llaves, como las actas del directorio, es el presupuesto.
Pero tampoco hace falta. La pérdida de la Declaración de Cumplimiento del Código PBIP es la muestra más cabal del fracaso del puerto autosustentable que pregonó Merlini. Hicieron falta algo más de un millón de pesos en alambres de púas para el cerco perimetral, lamparitas y una alarma con un par de sensores de movimiento.
Todavía no volvió a funcionar la barrera de control de entrada de vehículos pesados de la terminal ni los molinetes de acceso peatonal. De todas formas el código se levantó y el puerto volvió a jugar en Primera, aunque esa mancha no se borre nunca más.
Desde el propio Consorcio terminaron de enterrar el puerto autosustentable. En el anuncio del fin de dragado anticiparon que para el 2020 la terminal marítima local se incorporará al Plan Nacional de Dragado que coordina el Ministerio de Transporte de la Nación y garantizará el financiamiento.
En el 2020 Merlini ya no estará en el Consorcio –su mandato vence en diciembre del año próximo- para recibir la asistencia. Con mucha suerte puede languidecer como un concejal estándar.
Cuando pudo, él eligió el modelo de puerto autosustentable y a sus amigos españoles les pagó desde la caja del Consorcio.
Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.
