Procesaron a la banda colombiana acusada por usura y extorsión
Los siete colombianos que están acusados de participar de una banda que extorsionaba a clientes de Mar del Plata y Bahía Blanca con préstamos usurarios, que fue desbaratada a mediados de noviembre, fueron procesados con prisión preventiva por la Justicia Federal.
La resolución fue dictaminada por el titular del Juzgado Federal N°3, Santiago Inchausti, quien señaló que dichos préstamos siempre fueron monitoreados, supervisados y organizados a través de la rendición de cuentas diarias y semanales, en las que se detallaban los montos, plazos y regularidad en el pago de los deudores, y “en ocasiones haciendo uso de un procedimiento coactivo, mediante el uso de la violencia, para proceder al cobro de aquellas personas que demorarían en abonar los préstamos”.
El resultado de los operativos que realizó la Policía Federal, sumado a las pruebas recolectadas durante la instrucción -como escuchas telefónicas, informes policiales y migratorios- y las declaraciones indagatorias recibidas en el Juzgado, derivó en los procesamientos de los siete detenidos -de entre 36 y 63 años-, a quienes se les acusa de, en forma organizada y al menos desde marzo de 2017, haber entablado relación diaria con comerciantes, puesteros y pequeños emprendedores marplatenses, a quienes les otorgaban prestamos de dinero en efectivo –de entre tres mil y 130 mil pesos- con intereses usurarios bajo la modalidad de “cobro día a día” o “gota a gota”, sin formalidad alguna o respaldo financiero aparente.
Además de los procesamientos con prisión preventiva –ante un posible riesgo de fuga-, el magistrado trabó embargos de 500 mil pesos. En tal sentido señaló que “los elementos, objetos y el dinero secuestrados, el uso de arma, la existencia de prófugos son indicios de esa organización, sumado a la escala penal en expectativa, y la existencia de riesgo procesal que justifican la prisión preventiva de momento”.
También, el juez señaló una de las conversaciones que forman parte del material probatorio del expediente como de “extrema gravedad”, en la que se daría cuenta de la posible cobertura a cambio de dinero de parte de una comisaría policial, extremo sobre el cual planteó la necesidad de profundizar la investigación.
Al dar cuenta de la asociación ilícita reprochada, el magistrado advirtió “una clara división de roles entre los imputados a lo largo del tiempo que demuestra la existencia de un acuerdo delictivo para cometer delitos indeterminados”. Si bien la mayoría de esos delitos giraron en torno al ilícito de la usura habitual, reparó que no debía perderse de vista que también incluían otros de suma gravedad, como la tenencia y posible portación de arma de fuego para concretar el cometido, la violencia en las personas para cobrar –lo que podría dar lugar al delito de extorsión—, la connivencia policial –cohecho—, entre otros.
Por otro lado, indicó “estamos frente a una organización ilícita transnacional, dados los giros dinerarios al extranjero, más precisamente a Colombia, sumado al contenido de otras conversaciones y a que los imputados habrían llegado al país poco antes del inicio de las actividades ilícitas.
Asimismo, consideró que “más allá de lo que surja de la profundización de la investigación, también integra el complejo de maniobras delictivas que desarrollaría la organización ilícita” el delito de lavado de activos aunque, si bien aún no se les imputaron maniobras concretas, el juez Inchausti entendió que de la causa “resulta latente”, atención a los volúmenes de dinero secuestrado, el envío de dinero al extranjero y la adquisición de varios rodados en el país.
