Llaman a indagatoria a De Vido por sobreprecios en Río Turbio

También convocó al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y empresarios distintos empresarios. Para eso, el magistrado habilitó la feria judicial de verano. El juez sobreseyó a los acusados pero la PIA reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar.

Por Redacción

lunes 17 de diciembre, 2018

El juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria por el caso de la usina de Río Turbio al ex funcionario Julio De Vido, Roberto Baratta y Jorge Mayoral, al gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, al empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), A Ernesto Maxit de la misma empresa y a Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros.

La citación se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una fallida promesa energética de Cristina Kirchner. De esta manera, el magistrado habilitó la feria judicial de verano, pero la ronda de indagatorias se iniciará el 19 de diciembre y continuarán hasta el 11 de enero cuando declare Peralta.

El juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar. Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.

Por ello, se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura general de la Nación (SIGEN) que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó, detalló Clarín.

Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. “Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.

 

 

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