Pidieron el juicio oral para Cristina y sus hijos en la causa Hotesur
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este viernes elevar a juicio oral la causa Hotesur, en la cual la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Baez, entre otros, están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, en una maniobras que habría servido para "blanquear" el efectivo proveniente de la corrupción de la obra pública.
Ahora el juez federal Julián Ercolini deberá decidir si acepta el pedido de elevación y lo envía a un tribunal oral, en el que sería el quinto juicio al que se va a enfrentar la ex presidenta. "Se ha corroborado la existencia de una organización criminal que desde el seno del Estado se dedicó en forma constante y sistemática a sustraer fondos del Estado Nacional y luego a apoderarse de ellos a través de distintas maniobras de reciclaje de activos", sostuvo la fiscalía.
El pedido incluye también a Martín Báez, hijo de Lázaro, el contador Víctor Manzanares, la sobrina de la ex presidenta Romina Mercado, y el ex socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. Según Infobae, en la lista figuran Adrián Esteban Berni, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Patricio Ricardo Pereyra Aranda, Emilio Carlos Martin, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz y Oscar Alberto Leiva, en orden a las circunstancias fácticas y a los fundamentos desarrollados en el presente dictamen.
Pollicita calificó al entramado de la causa como una "compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos, la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner".
El juez le trabó en mayo un embargo de 800 millones de pesos a la ex presidenta y a Hotesur, que controla el Alto Calafate y el hotel Las Dunas. Los hoteles están ahora siendo administrados por interventores de la Justicia y si la ex presidenta es condena en esta causa deberá pagar las costas y una eventual multa con ellos, entre otros bienes de su patrimonio
