En vísperas de la puesta en marcha de una nueva temporada de calamar en aguas de jurisdicción nacional –la zona de pesca queda habilitada este lunes- el puerto de Montevideo recobra relevancia.

El puerto del país vecino opera como centro de apoyo logístico para los cientos de buques extranjeros que pescan sobre el límite de la zona económica exclusiva sin ningún tipo de controles y evadiendo el sistema de posicionamiento automático.

Hace un par de semanas ese apoyo de Montevideo a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) quedó reflejado en un informe que elaboró Mirko Schvartzman, coordinador del proyecto “Océanos sanos” de Ocean 5, un conglomerado de instituciones, organizaciones no gubernamentales y científicos.

El reporte reseña que Montevideo es el segundo puerto del mundo en recibir pesca de trasbordo sospechada de provenir de la pesca INDND. Se calcula que son 500 mil toneladas anuales. Mucho más de las 333 mil toneladas que el año pasado se descargaron en Mar del Plata, el principal puerto pesquero de Argentina.

Schvartzman reportó en su informe que, desde el 2013, y con cifras de la propias fuerzas uruguayas, el puerto recibe un muerto por mes, desembarcado de la flota extranjera, en tanto los incidentes con víctimas a bordo, los casos de narcotráfico, peleas e incendios son casi cotidianos, así como los casos de trata, esclavitud y la violación de los derechos humanos.

En el documento se refleja un caso ocurrido en n septiembre de 2017. Una delegación diplomática de Indonesia visitó Uruguay para investigar el caso de un tripulante de aquel país que trabajaba a bordo del “Yun Mao 168”, un pesquero taiwanés y fue descargado muerto en Montevideo. El capitán rechazó solicitar ayuda y evacuar al tripulante; un simple dolor de muelas devino en su muerte, 10 días después.

Para Océanos queda claro que el cobro de servicios y tasas a embarcaciones que practican la esclavitud de la pesca INDNR implica una complicidad, puesto que el país obtiene beneficios económicos de quienes cometen ilícitos y crímenes en alta mar.

En septiembre de 2018 se detectó un cargamento de más de 400 kilos de cocaína que había sido introducida en un contenedor de lana mientras permanecía dentro del puerto. Si bien existía una alerta roja internacional por sospechas de narcotráfico en ese embarque, el personal de la Aduana no inspeccionó y hoy está sospechado. El principal implicado en el embarque es un empresario pesquero uruguayo, bajo sospecha de narcotráfico desde 2006, que se movía con libertad en el puerto de la capital uruguaya.

Lejos de atenuarse, la anarquía en los muelles donde amarran los buques que trasbordan la carga de los pesqueros sin control parece consolidarse. De acuerdo a un informe publicado por el portal “Estrategia.la”, la empresa china Shandong Baoma Fishery Group compró 28 hectáreas en la zona en la playa de Punta Yeguas, Montevideo, con el objetivo de construir un mega puerto y zona franca para brindar logística a la ciudad flotante que opera en el atlántico sur. Se cree que hay más de 500 barcos chinos desplegados en el área.

La compañía china se especializa en actividades diversas: pesca oceánica, el procesamiento y venta de productos marinos, la elaboración de harina de pescado, la gestión de terminales portuarias, e incursiona en infraestructura para explotaciones mineras.

“La empresa en Uruguay se llamará Zhongjin Puerto S.A. La obra tendría un muelle de 800 metros de largo y 60 de ancho. Además, incluirá un amarradero para barcos de hasta 50.000 toneladas”, señala el artículo del periodista Luvis Pareja.

De cristalizarse el proyecto, la “zona franca” le permitiría despachar buques sin intromisión de parte de las autoridades uruguayas, aunque en realidad eso ya pasa en el propio puerto montevideano.

En China hay 164 empresas pesqueras que cuentan con 3.000 barcos de pesca de alta mar distribuidos en 30 países. “El megapuerto pesquero chino al oeste de Montevideo, permitiría la libre operatividad, legal y potencialmente ilegal de los pesqueros. La obra obligará al gobierno uruguayo a cambiar el plan de ordenamiento territorial”, dice el artículo.

En paralelo, el vecino país forma parte desde el 2013 de los países de puerto rector de la FAO, comprometidos a desalentar y prevenir la pesca ilegal. Argentina hasta el momento no ha formulado ninguna queja diplomática por el perjuicio que la doble moral charrúa genera en los recursos pesqueros e intereses comerciales de esta orilla del Rio de la Plata.