En su calidad de querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros quince acusados, vayan a juicio oral en la causa conocida como Hotesur, en la que se investiga una estructura de lavado de dinero a través del negocio hotelero.

El pedido acelera el tramo final del expediente que investigó los negocios celebrados a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.

Después del requerimiento de elevación presentado por los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini recibió el pedido de la UIF. Cuando el otro organismo del Gobierno, la Oficina Anticorrupción, realice la correspondiente presentación, el magistrado mandaría a juicio a la ex presidenta no más de una semana después, según informa Clarín.

Hotesur será el quinto juicio oral que le espera a Cristina Kirchner, y el tercero donde se la acusa junto a Báez -preso por lavado de activos-, por corrupción. Ahora, con un escrito de 200 páginas, los responsables de la UIF, María Eugenia Talerico y Mariano Federici, pidieron que la causa avance hacia la próxima instancia.

Para el organismo antilavado, la causa es parte de un contexto general donde se investiga, en diversas causas, "una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público", expresa el escrito.

Por ello sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una "organización criminal" que tuvo la finalidad de "sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas" y que la causa Hotesur SA "no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones" en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.

Se estableció así, "un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades", algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).

La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Esas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.