El Secretario de Educación, Luis Distéfano, respaldó la decisión del Intedente Carlos Arroyo de apelar el fallo judicial que favoreció a los docentes municipales en su reclamo por la restitución del cobro de la bonificación que percibían desde hace más de tres décadas.

"El municipio no está notificado formalmente de la sentencia, pero entendemos por los trascendido, que es una precautelar previo a un pedido de informes al municipio", aclaró en una primera instancia, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

En este sentido, Distéfano sostuvo que el Municipio "tiene la obligación de apelar este tipo de medidas, más cuando se da en el contexto que se dio, con la intervención previa del Concejo Deliberante que se definirá en la Suprema Corte de Justicia".

El funcionario municipal explicó que la bonificación está pautada en el Estatuto Docente Municipal como un equilibrio entre lo que paga la Provincia de Buenos Aires como salario y el escalafón 12 de un empleado municipal.

"Hace muchos años había una diferencia que hacía que haya un desequilibrio entre el empleado municipal docente y el no docente. A partir de ahí se instauró la bonificación. El estatuto definió que esa diferenciación entre el sueldo docente municipal y el de un docente provincial, se dió en el cálculo del escalafón docente 12. Pero la ordenanza no establecía la carga horaria", analizó.

"Esto se abonaba sobre una base de 35 horas semanales, cuando la carga horaria promedio de los docentes frente a los alumnos es entre 20 y 22, según el nivel o modalidad. Lo que hizo en su momento la definición tomada con el decreto, fue llevar el cálculo a la carga horaria más cercana a al realidad del docente que es el módulo del empleado municipal de 24 horas semanales y no el de 35", continuó explicando Distéfano.

Además enfatizó en que se sigue pagando la bonificación pero "sobre una carga horaria más cercana a la realidad del docente. Lo que entiende el ejecutivo es que genera un precedente gravoso para el municipio porque abre el juego a que cualquier otro empleado plantee que la carga horaria es la misma".

LA POLÉMICA

En octubre del año pasado, Arroyo firmó un decreto que modificó la forma en la que se liquidan los salarios docentes y que, en la práctica, despojaba a los educadores de las escuelas municipales de una histórica bonificación que percibían desde 1989 y representaba unos cinco mil pesos extra en sus sueldos.

Luego de que desató una fuerte polémica, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que otorgaba legitimidad a la antigua forma de liquidación. El jefe comunal redobló la apuesta y se encargó de vetar la norma unos días después.

Sin embargo, más tarde, el cuerpo legislativo rechazó el veto y votó nuevamente “por insistencia” la ordenanza. Ante este revés, el Intendente realizó una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la que demandó al Concejo Deliberante por “conflicto de poderes”.

En una nueva escalada del conflicto, el pasado 28 de febrero el gremio se presentó ante la Justicia Contenciosa Administrativa de Mar del Plata para solicitar la nulidad del Decreto del Ejecutivo Municipal 2272/18 en 17 expedientes.

Ahora, la Justicia dictó una medida cautelar indicándole al Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon que debe “dejar sin efecto tres artículos del mencionado decreto y proceder a liquidar la bonificación especial docente como lo hacia antes del dictado de ese acto administrativo”.

El Juez estableció un año como tiempo de ejecución de esta medida cautelar, por considerar que es tiempo suficiente para dictar la resolución de fondo. “Sin duda, este es un primer paso en el camino hacia la devolución de un derecho vulnerado”, destacaron desde el sindicato.