Ley Micaela: el Municipio capacitará en género a sus trabajadores
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, comenzó este martes el desarrollo del plan de capacitación en el marco de llamada "Ley Micaela", para lo que firmó una carta de intención con una universidad privada de la ciudad.
El convenio rubricado por Patricia Leniz y la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Atlántida Argentina, Verónica Santiago, da inicio a un trabajo coordinado para la capacitación en materia de género y diversidad sexual destinadas a los agentes municipales y de otras instituciones que pudieran requerir similares servicios.
Las acciones, de las que participarán el Gobierno Municipal y la Universidad Atlántida, se dan en el marco de un convenio existente entre los dos organismos que contempla, entre otras áreas de colaboración, las de facilitar acciones tendientes a permitir el intercambio de investigaciones y docentes de cada jurisdicción, con la finalidad de dictar cursos, conferencias y el dictado de contenidos en general.
La aprobación, en 2019, de la Ordenanza 23.962 hizo que el Municipio de General Pueyrredon adhiriera a la Ley Nacional 27.499 (conocida como Ley Micaela), la cual estipula la obligatoriedad de la capacitación de los agentes estatales especialmente en género, y cuyo artículo 2° encomienda a la Dirección de Políticas de Género dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social la implementación de las acciones previstas en la citada ley.
En el acto, se ahondó en cuestiones vinculadas a la problemática de género y la necesidad de un trabajo conjunto que integre a diversos actores para dar respuesta a las complejidades que éste plantea.
Tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata como la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se expidieron a principios de marzo respecto a su adhesión a la Ley Nacional Micaela, que fue sancionada en diciembre pasado y dispone la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.
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