El realismo fiscal de Alberto

Por Roberto Manuel Ortea

jueves 19 de diciembre, 2019

El Presidente Alberto Fernandez envió al Congreso Nacional a los efectos de su tratamiento exprés una ley ómnibus para declarar en la Argentina la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, independiente de la amplitud del problema que quiere demostrar con el título exagerado y pomposo, buscaremos analizar objetivamente cuales son las intenciones centrales del proyecto, y sus consecuencias mediatas y de más largo plazo.

El Ministro Guzman anuncio oportunamente que la idea central del Gobierno es buscar un sendero sostenible al superávit fiscal, y despejando la paja del trigo, el paquete económico mandado al Congreso va en línea con ese objetivo. Por un lado, se busca aumentar fuertemente los ingresos del Estado, en base a la creación de dos nuevos impuestos (30% a la compra minoristas de divisas extranjeras así como el impuesto al retiro de dinero en efectivo de los bancos para medianas y grandes empresas), y el aumento de las alícuotas de otros impuestos existentes (bienes personales, impuestos internos, retenciones, aportes patronales, entre otros), pero por el otro, con la baja real del gasto por medio de la suspensión de la fórmula de actualización de la jubilaciones y la AUH, a cambio de imponer la discrecionalidad presidencial, que a la fecha solo ha otorgado dos bonos para enero y febrero limitados a las escalas más bajas de los jubilados y pensionados.

La señal que busca el Gobierno en materia fiscal es que está dispuesto a realizar los ajustes necesarios en el corto plazo de cara a poder concretar los pagos de la deuda pública, y encarar con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos una negociación que incluya un amplio reperfilamiento del capital y los intereses. Este razonamiento fue bien percibido por los mercados, reflejado con la caída del riesgo país de casi 226 puntos (-10,69%), ubicándose en 1888 puntos, su nivel mas bajo de los últimos meses.

El programa se completa con la instrumentación de amplias facultados para fijar precios y salarios por parte del Poder Ejecutivo Nacional, transformando el acuerdo social en discrecionalidades del Presidente para desindexar la economía con salarios creciendo a ritmos más bajos de la inflación, gastos estatales creciendo moderamente (empujados por la bajas en la jubilaciones), e inyectando dinero en las clases más desprotegidas de la sociedad mediante la implementación del Programa Alimentario contra el Hambre, que implicará un esfuerzo fiscal de aproximadamente $ 108.000 Millones.

La idea central planteado por Guzman, entonces, es aumentar impuestos, mantener aproximadamente los gastos (baja de jubilaciones financiando aumentos en la mínima y programa contra el hambre), de modo de tener que financiar con emisión lo mínimo posible, dado que, con el nivel inflacionario actual, sería muy riesgoso crear dinero para pagar compromisos del fisco.

¿Puede funcionar el esquema de ajuste heterodoxo propuesto? Dependerá básicamente de cuatro puntos centrales. En primer término, que la negociación de la deuda publica sea rápida y efectiva, de manera que el déficit fiscal este plenamente determinado como déficit primario con poca incidencia del financiero, de manera que las necesidades de emisión sean mínimas. En segundo lugar, que la redistribución de jubilaciones altas a jubilaciones bajas y plan contra el hambre tenga el efecto expansivo necesario en la actividad económica, basado en el diferencial en las tendencias de gastos de las clases bajas son mayores a las de las clases medias. Tercero, que el realismo fiscal mostrado en la ley remitida al Congreso Nacional se consistente en el tiempo, permitiendo que la economía se encamine a un sendero sostenido de superávit primarios que permitan pagar nuestros compromisos externos con los vencimientos reperfilados. Y por último, que la parte heterodoxa de la inflación logre ser contenida, dado que si resulta lo expuesto en el punto dos, tendremos presiones inflacionarios por demanda y pujas redistributivas.

En definitiva, el paquete fiscal-impositivo planteado en las emergencias es un ajuste fiscal heterodoxo que muestra que el Presidente Alberto Fernandez ha comprendido con realismo las dificultades en que se encuentra la Nación para enfrentar sus compromisos, tanto de gasto público como de pagos de deuda, y que la probabilidad de éxito dependerá fundamentalmente de la negociación con nuestros acreedores.

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