Puerto parado y esencialidad relativa

Por Roberto Garrone

Pese a que la industria pesquera está incluída dentro de las actividades esenciales cuyo personal esta eximido de cumplir con el aislamiento social obligatorio fijado por el presidente Alberto Fernández en la noche del jueves pasado, en el puerto de Mar del Plata la situación es de dispar acatamiento.

La flota pesquera quedó paralizada desde el lunes a la mañana, mucho antes incluso de la entrada en vigencia del DNU 287, el servicio de estiba paralizado en la flota congeladora desde el viernes al mediodía, solo se descargan los barcos fresqueros con carga perecedera y el servicio logístico del comercio exterior, funciona con normalidad pero con personal reducido.

Los gremios marítimos, SIMAPE, SOMU, Centro de Patrones y SICONARA, solicitaron desde aquella mañana de lunes un protocolo sanitario para prevenir contagios de COVID-19 entre las tripulaciones que se embarcan en buques pesqueros.

Un día antes fijo pautas el Ministerio de Transporte, pero no fueron suficientes. Y lo que debería hacer el Consorcio Portuario por tratarse de la autoridad donde opera la flota, o representantes de Sanidad de Frontera, se lo pusieron a redactar los gremios por un lado y también los armadores por el otro. Prefectura se corrió pronto del debate. “Nosotros estamos para controlar condiciones de los buques”, se exusaron

El 27 de febrero Merlini anunció a todos los medios que tenía un protocolo preventivo para controlar el coronavirus. Nazareno Di Giovani salió a vender humo un poco antes con que al puerto llegaban 4 barcos chinos por mes y estaban preparados.

A la hora de asumir sus responsabilidades, se borraron. El delegado de Sanidad de Frontera esta con licencia y nadie atiende el teléfon fijo. No lo saben ni siquiera algunos referentes de los gremios marítimos que sostienen que no hay un representante de la dependencia en Mar del Plata. El Consorcio salió a medir temperatura de estibadores el viernes por la tarde.

La cosa arrancó mal y terminó peor. El miércoles ambos sectores acordaron un protocolo común que el jueves fue puesto a consideración de autoridades del Ministerio de Trabajo, el de Salud a instancias del propio Carlos Liberman, el subsecretario de Pesca.

“El personal será convocado a tomar embarque de manera habitual por parte de la empresa, salvo los trabajadores mayores de 60 años que opten por no prestar servicio y las demás personas incluídas en la resolución 207 del Ministerio de Trabajo”, señala el documento en su primer artículo. Ahí nomás apareció la grieta.

La resolución comprende a las enfermedades de riesgo, quienes debían cumplir la cuarentena hasta el 31 de marzo. Pero los gremios solicitaron modificar lo ya acordado. Quisieron que el personal pueda optar salir o no a navegar, quedando a la orden. En caso que eligiera no salir, la empresa igual debe pagarle el salario. Y que los de mayores de 60 puedan optar en embarcarse o no, violando lo dictado por el Presidente.

Si los armadores pagaban por no navegar y corrían el riesgo de subir a un tripulante exceptuado por un Decreto del PEN, tal vez la garantía sanitaria aparecía como por arte de magia. Quizás, porque en realidad algún dirigente del SICONARA ya avisaba, antes del jueves, que la flota quedaba parada hasta el 31 de marzo.

Obvio que los armadores rechazaron esa propuesta y todo quedó como hasta entonces. El poco trabajo que se genera se irá apagando en la medida que vayan descargando los barcos que todavía no lo hicieron.

La libre interpretación de las normas, esto de que la pesca por más que sea esencial sigue parada desde hace 6 dias, parece una singularidad en el sector. Ahora complica a la patronal, pero es una costumbre frecuente entre empresarios.

Sin ir más lejos Moscuzza se llevó puesto un plan de manejo de langostino vigente por 30 años, solo para poder meter sus barcos nuevos. Para no ir más lejos y recordar la triangulación de permisos de pesca durante los 90 que permitieron el crecimiento desmedido del esfuerzo pesquero sobre la merluza.

El viernes algunos frigoríficos trabajaron con plantel reducido por las excepciones, más separados y con turnos escalonados para el uso de espacios comunes en vestuarios y comedor.

Pero son las plantas del circuito informal las que representan mayor riesgo, donde asoman los eslabones más débiles de la cadena: los obreros precarizados que deben correr el riesgo de enfermarse o comer.

Ese es el punto que creo que se pasa por alto. La medida de los gremios marítimos no complica a los armadores, a los que por otra parte, cuando esto pase le golpearán la puerta para negociar la paritaria 2020.

Los empresarios tienen espaldas suficientes para dejar los barcos parados; los tripulantes, un poco menos pero se la bancarán. Los obreros del pescado bajo convenio, sino trabajan, pasarán a una garantía horaria.

En mayor o menor medida el Gobierno brindará asistencia a todos esos eslabones. Desde auxilio fiscal, REPROS y prórroga en el pago de impuestos. Me desvela pensar cómo el Estado puede ayudar a un peón, sostén de familia numerosa, precarizado en una planta clandestina, que vive en el barrio Las Heras y al que el mercado de la esquina no deja de subirle los precios de los productos básicos.

Qué pasará cuando la cadena de abastecimiento se corte y quede paralizada. Para el empresario no es esencial sacar los barcos, al menos no hasta que comience la zafra de langostino. Sí es esencial poder vender en un contexto de caída absoluta de la demanda, y hasta eso ahora esta puesto en duda.

Pero poder trabajar sí es esencial para el obrero desamparado de toda cobertura social, previsional y también sanitaria. No por el coronavirus. Por una gripe común, cuando se enferman, no trabajan y no cobran. Solo existen cuando el SOIP los incluye en una planilla para pedir subsidios. El último lo siguen esperando luego de las PASO.

Y si se corta el desabastecimiento y con suerte el parate de los barcos termina el 31 de marzo, la flota no traerá pescado fresco el 1 de abril. Deberán pasar otros días largos hasta que se reanude la provisión de pescado fresco a la mesa de corte.

Quizas el coronavirus genere una pátina de paciencia adicional antes de ir a reclamar dinero al dueño de la cooperativa que no los llama a trabajar. Si no es así, el modelo de gestión “Chuli Gómez” puede sumar nuevos apellidos a la nómina.

Son más de cinco mil obreros en la industria pesquera marplatense en estas condiciones de precariedad. Hoy la crisis sanitaria y la preocupación de los marítimos deja en evidencia un grado de informalidad intolerable en el sector del reprocesamiento Los años de fiesta y descontrol la terminarán pagando, como siempre, los que menos tienen.