"La pandemia es una amenaza a la vida de las personas privadas de libertad, muchas de ellas inocentes""

En el marco de motines y huelgas de hambre en diferentes cárceles del país, el juez de Garantías 4 de Mar del Plata, Juan Tapia, se refirió a las condiciones en las que están alojados los internos y pidió "acciones urgentes" para preservar su salud e integridad física.

Por Redacción

sábado 25 de abril, 2020

A través de un extenso posteo en sus redes sociales, Juan Tapia, titular del Juzgado de Garantías N° 4, solicitó "acciones urgentes para preservar la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad" y evitar que el coronavirus se propague por las cárceles del país, en sintonía con los pedidos que vienen realizando internos y ex internos del penal de Batán.  

"La pandemia es una amenaza a la vida de las personas privadas de libertad, muchas de ellas inocentes, muchas de ellas condenadas a una pena que en teoría se orienta a la resocialización, no debería ser una pena de muerte por azar. Es un desafío para los tres poderes del Estado estar a la altura de las circunstancias y velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos", aseguró el magistrado.

En ese sentido, el juez recordó que el Tribunal de Casación resolvió, el pasado 8 de abril, que se deben conceder el beneficio del arresto domiciliario a las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes.

Tapia calificó ese fallo como "un hito en la materia, al establecer su ejecución inmediata aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza". "Cabría preguntarse también por qué esos hechos leves tienen como respuesta la cárcel, cuando podría pensarse en formas alternativas de resolver esos casos menores, a través de respuestas reparadoras del daño, conciliadoras o terapéuticas", agregó.

"En los días que corren, el activismo de los actores del Poder Judicial, en clave de Derechos Humanos, impone el impulso de acciones urgentes para preservar la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad. De lo que se trata es de salvar vidas", pidió.

Por otro lado, relató que hace un par de días estuvo en la Unidad Penal 50, la cárcel de mujeres de Batán, a donde acudió por una presentación colectiva de las mujeres detenidas en el pabellón 4 ante el Juzgado de Garantías en turno, a la que se le asignó forma de habeas corpus.

"Para ingresar a la cárcel cumplí con todos los protocolos de seguridad del Decreto 255/2020 del Poder Ejecutivo Provincial, que establece el uso de obligatorio de elementos de protección que cubran la nariz y boca. También usé guantes descartables. Los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense que vi en mi recorrida también poseían barbijos y guantes. Al acceso a los pabellones me tomaron la temperatura corporal", describió resaltando las medidas de prevención adoptadas.

"Ningún ingreso externo debe aumentar el riesgo de contagio del COVID-19. Las mujeres detenidas en la Unidad 50 fueron las primeras en la Provincia que se negaron a recibir visitas familiares, con todo lo que ella implica para alguien encerrado. Tomaron esa decisión en resguardo a su salud y a la de sus familiares", aseveró.

"Conversé con las detenidas en el espacio común del pabellón, ofreciéndome a dialogar en privado con quién lo deseara. Me expresaron que por ahora tienen suficientes elementos de higiene. Recibí pedidos de excarcelación y arresto domiciliario que derivé a cada magistrado a cuya disposición se encuentran detenidas. Desde el 20 de marzo, fecha en que comenzó a regir el decreto 279/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no ha ingresado ninguna nueva interna al penal. Permanecen alojadas en la unidad 92 internas, con un cupo vigente para 96 personas. De esa cantidad, 80 mujeres se encuentran en pabellones y 12 en la modalidad casas por cárcel. No hay mujeres embarazadas ni madres con hijos menores alojadas en la Unidad", continuó.

Tapia aseguró que "la realidad en la Unidad Penal 50 al día de la fecha lejos está de los niveles de violencia que se advierte en otras cárceles de la provincia y del país. Sin embargo, la decisión política de evitar nuevos ingresos de detenidas no puede sostenerse a largo plazo, dado que el problema se trasladaría al Destacamento Femenino, emplazado un barrio popular de la ciudad de Mar del Pata. Es preciso aprovechar la oportunidad para que no se exceda el cupo de 96 personas, pensando en diversas formas de litigio estratégico en la materia, como así también que los nuevos ingresos se concreten bajo estrictos controles de salud".

"La situación en las cárceles bonaerenses, atravesadas por el hacinamiento y la deficiente estructura edilicia y sanitaria, es compleja desde hace mucho tiempo, agravándose considerablemente en los últimos años. La tasa de encarcelamiento en 2012 era de 198 personas cada 100.000 habitantes. En 2020 es de 300 personas cada 100.000 habitantes. Ese aumento no se corresponde con el aumento de los delitos, sino con el empleo de la respuesta punitiva como forma de resolver nuestros conflictos. Cada tres días muere una persona encerrada en el sistema penitenciario bonaerense", concluyó.

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