En medio de una segunda ola de contagios en todo el país, el Gobierno italiano decretó la flexibilización de los regímenes de salidas para detenidos, en una medida que podría beneficiar hasta a 5.000 personas privadas de su libertad, con exclusión de los condenados por extremismo, mafia y corrupción entre otros delitos.
Las personas detenidas con penas no mayores a 18 meses podrán pedir la detención domiciliaria con monitoreo electrónico, dispuso el Gobierno en un decreto aprobado en las últimas horas dentro de un paquete de medidas para frenar la difusión del coronavirus en todo el país.
Según informa este jueves el diario Il Giornale, la medida se enmarca en una segunda ola de contagios a nivel nacional por la que unas 150 personas detenidas, sobre un total de 54.815, están contagiadas de la Covid-19 en las cárceles del país.
De acuerdo al denominado "paquete Justicia" de las últimas medidas del Gobierno del premier Giuseppe Conte, las personas detenidas por extremismo, mafia, corrupción, violencia sexual y maltratos no podrán obtener los nuevos beneficios.
Según las estimaciones, unas 3.000 personas podrían beneficiarse de la detención domiciliaria mientras otras 2.000 podrían obtener permisos extraordinarios para trabajar o pernoctar fuera de los centros de detención.
"Son normas razonables que contribuirán a reducir los riesgos de difusión de contagios en los institutos penitenciarios sin comprometer las exigencias de seguridad", planteó en declaraciones a La Stampa el "número dos" del ministerio de Justicia, Andrea Giorgis.
