Pospandemia, iniciativa privada y recuperación económica

Ya pasaron más de 210 días desde que las autoridades gubernamentales establecieron las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco de la Pandemia Covid-19.

lunes 2 de noviembre, 2020

Por Juan Martín Colombo (*)

Los efectos de la pandemia y los de las medidas gubernamentales ya permean en la economía y generan distintas afectaciones que, sin dudas, perdurarán un buen tiempo.

Distintos organismos internacionales afirman que la recesión será inevitable, pronunciada y sostenida. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] estima una caída del Producto Bruto Interno [PBI] de Argentina del orden del 10.5 %. El Fondo Monetario Internacional [FMI], por su lado, la estima en el 12 % para el mismo período.

Ambos organismos coinciden en señalar que la recuperación será lenta, con marcada caída de los ingresos y del consumo interno, incremento de las tasas de desempleo, de pobreza y de indigencia.

Pero esas estimaciones no solo son consecuencia de la Pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Hay otras causas, que ya estaban presentes antes que el Covid-19 se expandiera, como la recesión económica, la crisis de la deuda pública y la falta de confianza en la economía de nuestro país.

Frente a ese cuadro, luce necesario que desde el nivel gubernamental se adopten, fortalezcan y promuevan –prontamente– medidas eficaces que contribuyan a hacer cesar los efectos negativos de la Pandemia sobre la economía y ayuden a regresar, cuanto antes, a la senda de la estabilidad y el crecimiento.

Otros países y regiones lo están haciendo. Tal vez, porque están en mejores condiciones, han dispuesto planes de salvataje y recuperación con los que buscan hacer frente a la crisis y relanzar sus economías.

Es lo que ocurre en el ámbito de la Unión Europea, donde la Comisión Europea aprobó un fondo de recuperación económica de 750.000 millones de euros, que busca contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia, iniciar la recuperación europea y preservar y crear empleo.

Pero no han hecho sólo eso. No se han limitado a aprobar o instrumentar planes de salvataje o fondos de recupero, o a enchufar en sus economías los abundantes recursos públicos con los que cuentan. También han convocado al sector privado, han destacado la conveniencia de fomentar la colaboración público-privada y han procurado darle un marco adecuado de estabilidad y seguridad jurídica, porque eso es imprescindible para lograr la recuperación económica.

Las autoridades locales, de los tres niveles de gobierno –Nación, Provincia y Municipalidad– deberían hacer lo mismo, admitiendo la iniciativa privada y generando incentivos razonables para la llegada de inversiones que contribuyan a retornar pronto a la senda de la estabilidad y el crecimiento.

Porque solo de esa manera se puede movilizar los recursos existentes, reactivar la actividad económica y acortar los plazos de recuperación. Sobre todo en países como el nuestro, en los que los recursos públicos nunca son suficientes para hacer frente a estas contingencias.

Sin empresas que inviertan, generen puestos de trabajo y obtengan beneficios, todo lo demás no funcionará, o no funcionará nada bien. Pero, para que ello sea posible, se deben asegurar condiciones adecuadas y razonables, que incentiven la llegada de inversiones privadas, que los Estados –y las Administraciones públicas– puedan tomar y canalizar en obras de infraestructuras y servicios, que ayuden a satisfacer las necesidades e intereses de las personas.

La generación de condiciones seguras para los inversores es urgente e imprescindible para poder superar la situación actual. Proyectos bien estructurados, originados en la iniciativa del sector privado; recibidos y canalizados por el sector público en un adecuado marco de estabilidad política y seguridad jurídica, pueden constituirse en una herramienta fundamental para hacer cesar –cuanto antes– los efectos de la pandemia sobre la economía y la sociedad.

(*) Abogado (UNMdP)
Magister en Derecho Administrativo (Universidad Austral)

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