Piden la intervención de la fiscalía de Estado en defensa de las playas públicas

El abogado Julio Razona presentó una denuncia a Hernán Gómez, Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, por el avance de emprendimientos privados sobre el espacio público, que calificó como un hecho violatorio al Código Civil.

Por Redacción

miércoles 18 de noviembre, 2020

Desde Mar del Plata, el abogado Julio Razona pidió en las últimas horas, a través de una presentación que realizó a Hernán Gómez, Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, la intervención de la Justicia bonaerense en el marco del conflicto por el avance de emprendimientos privados sobre el espacio público, lo que  calificó como "hechos violatorios a la Carta Magna y al Código Civil".

Puntualmente, señaló el incumplimiento de los artículos y ordenanzas que establecen que se "debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión de ancho en toda la extensión del curso", que las construcciones fijas, deben estar alejadas al menos 100 metros de la línea de rivera, y que los "balnearios públicos que se corresponderán con tramos de línea costera en relación de uno (1) público cada tres (3) privados (25%)".

De esta manera, tras las manifestaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones, Razona denunció la privatización ilegal de bienes del Estado y solicitó la intervención del Fiscal ante "situaciones de hecho que generan una protesta social de magnitud".

En la presentación, sentenció: "Conforme lo establecido en el art. 1974 del Código Civil, que reza 'Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad', surge claramente que el Municipio de General Pueyrredon ha entregado a empresarios privados que explotan balnearios en este partido el uso privado del espacio público".

"Es de conocimiento público que los balnearios referidos tienen instaladas carpas, sombrillas y cercos con los que se demarca su explotación privada, en un espacio que debería estar liberado al uso público", agregó.

E indicó: "Las concesiones otorgadas por los distintos gobiernos municipales no han considerado en los pliegos de licitación de los balnearios adjudicados la existencia algo tan lógico como es la acción de la naturaleza y la falta de delimitación del camino de sirga, por lo tanto los actores de esta disputa, empresarios privados y público, son rehenes de una situación irregular generada por los funcionarios públicos responsables del Municipio de General Pueyrredon. Este hecho tan grave y de consecuencias imprevisibles se podrá subsanar conforme las atribuciones que usted detenta".

"La inadmisible falta absoluta de previsión por parte de los funcionarios municipales, que han generado ingresos al Municipio proporcionales a la
cantidad de 'sombra' permitida a los empresarios que explotan las áreas otorgadas, ha culminado en una situación social de hartazgo y violencia, que se ha magnificado ante las normas de prevención sanitaria con distanciamiento social, ordenadas por el Poder Ejecutivo Provincial, para permanecer en una playa pública. Lo que es prácticamente imposible de llevar a cabo en apenas unos pocos metros de espacio que separan la parte privatizada de las playas con el mar y en ocasiones, sin espacio alguno", afirmó en relación a la próxima temporada.

Además, Razona indicó que existe un incumplimiento de normativas locales: "Cabe consignar que la ordenanza 8434/91 del MGP establece con precisión el límite de las construcciones fijas, deben estar alejadas al menos 100 metros de la línea de rivera, y que los 'balnearios de uso público que se corresponderán con tramos de línea costera en relación de uno (1) público cada tres (3) privados (25%)'. Ordenanza que no se ha cumplido desde su promulgación y que podría haber evitado gran parte del perjuicio que se
ocasiona a los usuarios de las playas públicas".

Y solicitó: "Ante esta situación de hecho gravísima, puede intervenir el Sr. Fiscal de Estado, e intentar solucionarla en una mediación, citando a los interesados, empresarios privados que explotan playas, representantes de organización cuyo objeto es la recuperación de las playas públicas y representantes del Municipio de General Pueyrredon".

"En ella puede acordarse, por ejemplo, en forma provisoria, hasta tanto se lleven a cabo las delimitaciones de la línea de rivera de la costa marplatense, un espacio público conforme lo estable el Código Civil, ordenanza citada y demás normas vigentes, el retiro de parte de la ocupación privada por los concesionarios, compensada por una prorroga en la explotación del predio. Solución inmediata que podría hacer disminuir el conflicto social que ha generado esta situación tan particular y que ha tomado estado público a nivel nacional", sugirió, finalmente.

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