El abogado de la víctima del ataque a botellazos en el boliche Ananá, Matías Montín, Ignacio Trimarco, denunció a Cubas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y pidió que se investigue el posible delito de encubrimiento.
En su presentación, Trimarco cuestionó la decisión del fiscal inicial de la causa de no secuestrar los teléfonos celulares de Galvano y Bracamonte, tras su aprehensión en un control policial horas después del ataque.
Aseguró además que el fiscal le había informado el miércoles 20 a él mismo que los dispositivos sí habían sido incautados, y en base a esa información el letrado había pedido "la apertura de los teléfonos y que se realizara una amplia y pormenorizada pericia de especialidad informática-tecnológica a fin de determinar la geolocalización de los mismos", así como las llamadas, mensajes, y contenido de redes sociales.
"Cubas me informó que los teléfonos celulares y otras pertenencias de los imputados habían sido secuestrados en el marco de la causa, encontrándose a disposición para efectuar las correspondientes pericias", señaló Trimarco.
Y agregó que días después, con la causa ya en manos de la UFI 4, supo que "Cubas había ordenado la entrega de las pertenencias secuestradas a los imputados el mismo día de su aprehensión, es decir el 19 de enero de 2021, un día antes de afirmar a esta parte que los elementos permanecían secuestrados".
A partir de esto, el abogado denunció al fiscal por "incumplimiento de deberes de funcionario público", y pidió que "se investigue asimismo la posible comisión del delito de encubrimiento".
Fuente: Télam
