Cuando la violencia está institucionalizada
El femicidio de Úrsula Bahillo a manos de Matías Ezequiel Martínez nos recuerda que vivimos en un país donde muy frecuentemente los que nos tienen que proteger terminan siendo los perpetradores de muchos de los horrores que los argentinos experimentamos a diario. En este oscuro episodio, un policía de la bonaerense con antecedentes por abuso sexual a una menor y decenas de denuncias por violencia de género asesina de 15 puñaladas a su exnovia. Seguramente a la justicia le pareció que las 18 denuncias que Úrsula hizo en vida no eran suficientes para garantizar de manera efectiva la protección que tan desesperadamente necesitaba y que el Estado le tenía que proveer.
Cada denuncia realizada por una víctima de violencia de género es un tremendo acto de valor por parte de ella. Pero a los actos de valor de Úrsula, como a los de cientos de otras mujeres abusadas en nuestro país, nuestro sistema de seguridad le respondió sistemáticamente con una inoperancia humillante que paulatinamente iba legitimando la impunidad de los actos criminales de su victimario.
Ahora Luciano Callegari, el Juez de Paz de la ciudad de Rojas que decidió no detener al a abusador a pesar de su prontuario y de incurrir múltiples veces en la violación de la perimetral que tenía asignada, enfrenta un pedido de juicio político realizado por la ONG Usina de Justicia. ¿Es descabellado demandar que los funcionarios que no funcionan sean removidos de sus puestos? En medio de toda esta terrible historia, el pueblo de Rojas ya ha salido a protestar frente a la comisaría local demandando justicia por un crimen que pudo y tuvo que ser evitado. Y en esa manifestación un agente de la policía apunta a la cara de una amiga de la víctima y aprieta el gatillo: casi le arranca un ojo. La amiga de Úrsula cae al suelo, en gritos de dolor, con su cara baleada. La escena del horror se hace viral en los medios y nuestros corazones se llenan con una mezcla amarga de dolor, furia e indignación: el Estado nos está violentando con un cinismo inusitado. Y bajo ninguna circunstancia los argentinos estamos dispuestos a dar luz verde a este comportamiento.
El caso de Úrsula nos recuerda que esta pandemia está exacerbando las injusticias que nuestra sociedad viene padeciendo desde hace años y nos muestra con una claridad ineludible que un número importante de nuestros funcionarios, a los cuales nosotros legitimamos con el voto y/o sostenemos con nuestros recursos, están vulnerando derechos en nuestras caras: el panorama es preocupante porque pareciera que nuestra seguridad -y nuestra vida incluso- depende parcialmente de aquellos que la amenazan.
Durante el 2020, para muchos de nosotros nuestros hogares pudieron servir como refugio frente al COVID-19, pero para una parte de nuestra población el encierro en el hogar no representa precisamente un santuario: en tan solamente un año, la línea 144 (diseñada para ofrecer asistencia telefónica a víctimas de violencia de género) recibió más de 108 mil llamadas telefónicas. El 90% de ellas para denunciar violencia doméstica. El 98% de esas llamadas fueron realizadas por mujeres. En el 90% de los casos reportados los agresores eran varones. Con estos datos aportados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nos queda en claro que la violencia intrafamiliar es un flagelo que sufrimos como sociedad y cuya desnaturalización y erradicación presenta una naturaleza compleja y una urgencia impostergable. Pero también entendemos, cuando nos enteramos que actualmente más de la mitad de los femicidas son parejas o exparejas de las víctimas, que hay modos en que conformamos vínculos íntimos que necesitamos resignificar urgentemente, y no sólo desde el poder punitivo que tiene el Estado.
¿Pero cómo reaccionar como ciudadanos frente a esto si cuando denunciamos situaciones de violencia no somos escuchados? ¿Qué hacer cuando lloramos y gritamos de bronca por las pérdidas de nuestros seres queridos a manos del Estado y el Estado en respuesta nos dispara en la cara? ¿Cómo buscar ayuda en un país en el cual, en los últimos años, a nivel nacional se vienen recortando y sub ejecutando presupuestos para programas integrales de atención a víctimas? La justicia por mano propia no puede ser un camino válido para resolver los problemas estructurales de nuestro país, ¿pero a qué futuro nos conduce un Estado que abusa de nosotros y que perpetúa esa impunidad para seguir dañando? La violencia de género, está claro, es estructural: Los miles de “Matías Martínez” que tiene nuestra sociedad sólo pueden seguir proliferando y manejandose con sorprendente impunidad cuando tenemos un Estado con instituciones tanto o más violentas que esos femicidas que logran mediatizarse. En este triste relato del caso de Úrsula y Matías, podemos concluir, queda evidenciado el peligro de un poder judicial y un aparato represor del Estado carente de la perspectiva de género necesaria para dar batalla a una de las formas de violencia más silenciadas que ha tenido nuestra historia y de las más fácilmente palpables en nuestra cotidianeidad. ¿Será este inminente periodo de elecciones un momento clave para que los ciudadanos dejemos en claro en lo inmediato a qué funcionarios no queremos más en los puestos desde dónde se institucionaliza la violencia? Seguramente lo sea, pero la lucha por una sociedad más justa es sin dudas más compleja y larga que unas simples elecciones. Pero por algún lado tenemos que arrancar a hacerlo de manera colectiva y de modo institucional, para no terminar como en la Revolución Francesa haciendo desfilar por la guillotina a los que están en el poder perpetuando nuestras miserias.
David Rossell
Columnista de “La Nueva Normalidad” en Modo Verano con Adrián Caballero, por Radio CNN Mar del Plata FM 88.3.
Profesor del área de idiomas de la UBA. Con trabajo de especialización en el campo de Educación, Lenguajes y Medios en la UNSAM.
