Playa Grande: se reactiva la polémica por el último decreto de Arroyo

El empresario Sergio Goransky le pidió a la Justicia que sean detenidos el exintendente Arroyo y los funcionarios Mourelle, Distéfano y Gutiérrez. En respuesta, el exsecretario de Educación publicó una carta abierta en las redes sociales.

Por Redacción

sábado 10 de abril, 2021

Por Carlos Walker 

En el marco de la denuncia penal en la que se investiga el acta transaccional rubricada por el municipio y la firma concesionaria de la cochera del complejo Playa Grande, el empresario Sergio Goransky le pidió a la Justicia que sean detenidos el exintendente Carlos Arroyo, los exsecretarios de Economía y de Educación, Hernán Mourelle y Luis Distéfano, y el exdirector de la secretaría Privada, Ricardo Gutiérrez.

Con la firma del decreto Nº 3256 de 2019, el exintendente ratificó el acta transaccional por la cual se le concedió la habilitación de un polo gastronómico y de entretenimiento a la empresa Playa Azul SA en el estacionamiento del complejo Playa Grande a cambio de que la concesionaria lleve adelante tres obras en el distrito de General Pueyrredon.

Todo lo actuado encuentra absoluto respaldo en las normas legales y en el pliego de concesión”, afirmaron desde la empresa concesionaria de la cochera.

Con el patrocinio del Dr. César Sivo, el concesionario de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA se presentó este viernes ante la Fiscalía de Delitos Económicos N°10. Así lo confirmó el propio letrado en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

En la documentación, a la cual El Marplatense tuvo acceso, Goransky consideró que existirían “elementos de convicción suficientes” para tener por acreditada la comisión de posibles hechos “delictivos graves que merecen ser reprochados penalmente” a los exfuncionarios.

En ese sentido, el empresario también reclamó que se concrete el  llamado a declaración en el marco  del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para los exfuncionarios con el objetivo de que se avance en un juicio oral y público.

Tras el pedido de Goransky a la Justicia, el exsecretario de Educación, Luis Distéfano, publicó una carta abierta en las redes sociales.

En el texto, el exfuncionario explicó que “el 20 de agosto 19 recibimos en la Secretaría de Educación un legajo técnico de una obra a ejecutar en la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento Playa Grande. ¿Por qué a Educación? Porque el Secretario de Planeamiento (de quien dependían las obras privadas) era profesional de una de las partes y se excusó de intervenir. En virtud que la Secretaría de Educación cuenta con una Dirección General de Infraestructura con profesionales arquitectos en su equipo, se envió una providencia firmada por el Intendente para que el área realice un informe evaluando el contenido del mismo”.

A continuación, detalló que “a fines de octubre el informe se remitió destacando que se analizó documentación técnica de obras y se sugirió que la instancia que corresponda proceda a aprobar (o no) si corresponde autorizar un proyecto de obra y su correspondiente habilitación ya que no es la Secretaría de Educación quien tiene competencia en la materia”.

Al mismo tiempo, Distéfano sostuvo que “conociendo mediáticamente los intereses detrás de estas obras y el tratamiento en el Concejo Deliberante del expediente de un convenio suscripto entre el Municipio y concesionarios, ordené conformar un expediente donde quede expuesto claramente cuál fue la intervención de la Secretaría a mi cargo, entre otras medidas tendientes a garantizar la transparencia de mis acciones y del personal a mi cargo”.

Añadió que “si bien el borrador del decreto con la intervención de la Secretaría de Educación fue remitido a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa el día 29 de octubre de 2019, me fue alcanzado para su firma definitiva dos horas antes de finalizar el mandato, a la puerta de la escuela donde daba clases, en manos de los funcionarios Ricardo Gutiérrez y Matilde Ladrón de Guevara. Más allá que el mismo no representaba una habilitación de obra (lo debe hacer la Secretaría de Planeamiento y/o Inspección General y/o EMTUR), el decreto no tuvo efecto jurídico ya que fue anulado inmediatamente por el actual Intendente a los fines de evaluar todo el procedimiento”.

A continuación, el extitular de la cartera educativa municipal destacó que “los funcionarios antes mencionados continuaron sus tareas con la actual administración razón por la cual podrán dar mayores explicaciones. Asimismo, otros muy cercanos al actual Intendente también mostraron interés a favor de uno u otro de los empresarios de la noche marplatense. A la fecha y luego de un año y cuatro meses de finalizar la gestión, no he recibido siquiera una citación para declarar al respecto”.

Si es sugestivo que esto aparezca luego de conocerse un fallo (expediente Nº 25713) del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 donde se ratifica todo lo actuado por Arroyo con respecto a la bonificación docente y responsabiliza a Montenegro por mala praxis normativa debido a su Decreto 079/20 que restituye la misma por la ‘zozobra’ causada a los docentes municipales y sin fundamento legal. El decreto de Montenegro deroga parcialmente el de Arroyo (en lugar de determinar el pago a partir de…) con lo que habilita pagos retroactivos. Recuerdo que la bonificación se abona con los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo que debería destinarse a todas las escuelas de la ciudad y no para pagar sueldos municipales”, finalizó Distefano.

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