Vacunatorio VIP: la Cámara Federal ordenó reabrir la causa e investigar a los que recibieron las dosis anticipadas

La jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y el fiscal Sergio Rodríguez apeló esa decisión, que fue revertida por los camaristas. Recordamos el repudio que se realizó desde el HCD de Mar del Plata ante el escándalo en medio de la pandemia.

Por Redacción

lunes 30 de agosto, 2021

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del caso conocido como “Vacunatorio Vip”. No solo dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad sino también que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas. La resolución- a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales- estableció que el orden de prioridades para darse la vacuna no era simultáneo para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico. Y subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar.

“Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el x ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos, entre ellos Florencio Aldrey y sus sobrinas.

Muchos de ellos -el presidente incluido- fueron anotados como personal de salud, según los listados del Posadas. En la causa se explicó que la que lo anotó así fue una maestra del jardín de infantes del Posadas que en ese momento no estaba trabajando de eso porque no había clases.

A partir de la resolución de la Cámara, la jueza Capuchetti deberá profundizar la investigación sobre aquellos que permitieron que allegados al Gobierno y funcionarios se vacunaran contra el coronavirus sin respetar el turno tal como lo hizo el resto de los ciudadanos. La magistrada había entendido que no estaba claro el delito a investigar, más allá de los cuestionamientos éticos que aparejaba la existencia de una vacunatorio para amigos del poder.

En otra resolución paralela, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de una asociación civil para convertirse en querellante. Se trata de la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre. De esta manera, la causa tendrá ahora el impulso de un acusador privado, más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público. No es un dato menor si se tiene en cuenta que inicialmente el fiscal Eduardo Taiano no había apelado la resolución y la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez había sido cuestionada por las defensas.

“Teniendo en cuenta que los hechos y conductas que conforman el objeto de pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, resulta procedente la constitución como parte querellante de la incidentista, en los términos del art. 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto el objeto social de la organización que representa abarca la defensa y protección de dichas garantías”, dijo la resolución. “Corresponde revocar la resolución apelada y tener como parte querellante a la organización Bases Republicanas; ello sin perjuicio de que con el avance del proceso se fije un marco fáctico distinto y concreto, que desvanezca los requisitos exigidos por la norma citada y, en consecuencia, la calidad de parte acusadora otorgada”.

El Marplatense publicó, durante varios días, un seguimiento de ese hecho que marcó un revuelo importante en la vida política del país. Y Mar del Plata no fue la excepción.

El interbloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó una batería de proyectos repudiando las “prácticas de privilegio” utilizadas por el extitular del Ministerio de Salud de la Nación en el plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina.

En ese momento, el Ministerio de Salud de la Nación admitió que el titular del multimedios La Capital, Florencio Aldrey Iglesias y su familia fueron parte de la “vacunación Vip”.

Tras la revelación del diario Clarín, el dato se confirmó por la difusión oficial de un listado de 70 personas vacunadas en la gestión de Ginés González García, por fuera de los mecanismos establecidos en el plan de vacunación contra el Covid-19.

En las últimas horas, se conoció que en Mar del Plata, se presentó una denuncia penal por posibles irregularidades en el plan de vacunación y los supuestos beneficiados.

Por su parte, al igual que las edilas de Elisa Carrió, el bloque de concejales de Vamos Juntos presentó un proyecto de resolución con el objetivo de repudiar a los hechos acontecidos desde la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, que “evidenciaron un sistema de vacunación privilegiado para personas allegadas a las esferas del gobierno nacional”.

Además, el oficialismo expresó “profunda preocupación” por "la falta de cumplimiento en debido tiempo y forma del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19" y exhortó al gobierno nacional a que “de manera urgente arbitre los medios necesarios para obtener las dosis que se precisan para la inmediata implementación en todo el ámbito territorial argentino de dicho plan conforme un marco ético que garantice la equidad para todos los habitantes del país, priorizando los grupos de riesgo y los sectores más vulnerables”.

En la iniciativa, a la cual este portal tuvo acceso, se indicó que “la reciente renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García, se debió a la revelación de hechos que daban cuenta de personas privilegiadas que habían tenido acceso a la vacuna contra el coronavirus, mientras que cientos de ciudadanos vulnerables deben esperar sus dosis e ingresar a un sistema de turnos que a la fecha, no da certezas de cuándo podrá estar la población fuera de riesgo”.

A su vez, se remarcó que “los privilegiados con acceso a la vacuna por fuera de las exigencias oficiales, conforme lo han manifestado fuentes periodísticas, pertenecen al ámbito público como privado, y se vinculan con el exministro de salud ya sea por relaciones personales o por vínculos con el partido político oficialista nacional”.

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