Explotación petrolera: la protesta marplatense llega a Estados Unidos
La organización Casa del Trabajador, a través del referente y abogado Julio Hikkilo, busca por todos los medios detener el avance del Gobierno Nacional en los trabajos de exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino, más precisamente sobre las costas de Mar del Plata.
Tras el amparo presentado y la carta dirigida al intendente Montenegro, hubo un nuevo comunicado hacia la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) y al Gobierno estadounidense, ya que "trascendió públicamente el respaldo de vuestra entidad a la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en nuevos trabajos de exploración y explotación hidrocarburífera", manifestaron.
Y continúa: "En relación a sus manifestaciones respecto a supuestos beneficios sociales y económicos con escaso costo ambiental, las mismas carecen de respaldo documental y científico. Ello constituye una grave violación a la libre determinación y soberanía permanente de los Estados sobre sus riquezas y el manejo de sus recursos naturales, violándose además el derecho internacional ambiental vigente".
"La experiencia y la ciencia indican que la actividad es sumamente riesgosa y que el pasivo ambiental que nos deje supere ampliamente los beneficios que obtenga la población eventualmente afectada", agregaron como fundamento esencial.
"Los principios de precaución, prevención y sostenibilidad ambiental obligan a actuar con cautela y responsabilidad", expresaron.
Asimismo, en el escrito se explica que "según el derecho internacional vigente los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación libre de todos los ciudadanos interesados, lo que aquí no ha sucedido".
Tras estas razones, la Casa del Trabajador, a través de la carta del abogado Julio Hikkilo, sentenció que "los exhortamos a que en lo sucesivo, evite todo tipo de intromisiones, presiones, lobby e influencias sobre la opinión pública, el gobierno y la justicia que afecten la participación y una decisión justa, soberana y libre de la comunidad afectada por la actividad proyectada y sus eventuales consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y económicas".