Ciageser, detrás del monopolio del millonario negocio de la basura en Mar del Plata

Así se denunció en la última sesión del Concejo Deliberante, cuando se aprobó por mayoría el cuestionado pliego de la licitación para el predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredon.

Por Redacción

miércoles 19 de octubre, 2022

Con más presencia -y tal vez contaminación- visual que todos los emblemas culturales y turísticos de Mar del Plata, la empresa Ciageser busca alzarse con el millonario negocio de la disposición final de residuos, para así coronar el monopolio del negocio de la basura en el Partido de General Pueyrredon, estando tal vez a un paso de lograrlo.

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal libertario Alejandro Carrancio cuestionó al Ejecutivo local por confeccionar un pliego para favorecer a una empresa. “Este pliego está direccionado, este pliego busca que una empresa que está operando, y que cuando hicimos la visita dijo que le interesaba ser la adjudicataria, que es Ciageser, que seguramente va a ser la que va a ganar la licitación”, denunció el edil opositor. Se trata de la misma empresa que ha ganado millonarios contratos para la construcción de distintas obras en el municipio en los últimos meses.

Ciageser desembarcó en estas costas allá por el año 2009 como un apéndice de Transportes 9 de Julio SA, empresa que desde hace 30 años acapara el negocio de limpieza urbana y recolección de residuos, en contrataciones sucesivas y siempre polémicas con el municipio. En aquellos años, se aprobó una ordenanza municipal que ponía en cabeza de los generadores privados (gastronómicos, hoteles, supermercados, etc.) la obligación de contratar servicios particulares de recolección de residuos cuando sus desechos superaran los 20 kilos, un umbral mínimo casi ridículo en comparación con otras ciudades.

El negocio así concebido, con la colaboración del Municipio, se cerraba a través del control que debían efectuar los inspectores municipales, funcionarios de la misma inspección que por contrato cuenta desde siempre con una oficina dentro de la propia empresa recolectora.

Dicho de otra manera, y tal como fue denunciado en varias oportunidades en el Concejo Deliberante, los inspectores que labraban las actas de infracción -o las evitaban- indicaban la contratación del servicio particular de retiro de basura por parte de Transportes 9 de Julio SA. Habían logrado así, junto con los funcionarios municipales, reprivatizar el servicio de recolección.

Conscientes de la posición dominante en el mercado y para ahuyentar sospechas, Transportes 9 de Julio SA habría decidido cederle la facturación a Ciageser, empresa que ya brindaba servicios en la ciudad de Tucumán, subsidiaria de la misma empresa recolectora.

La vinculación entre ambas sociedades -si bien escondida en su compleja ingeniería jurídica- fue siempre evidente. En el pasado mes de mayo y apenas días antes de haber enviado al Concejo Deliberante, el pliego para la operación del predio -sospechado de direccionamiento-, le reconoció un monto de casi 400 millones de pesos mensuales por el servicio de higiene urbana, tal vez el contrato más grande que tiene el Municipio.

Ciageser, quien ya accedió junto con otras empresas (Ashira y Esur) a la operación del predio de residuos a través de una cuestionada contratación directa dispuesta por el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, buscaría ahora resolver esa irregularidad jurídica por medio de una licitación que algunos no dudan en calificar de “amañada” para esas empresas de recolección. Como reaseguro, y alentando los rumores crecientes, el propio Emsur ha reconocido que hasta tanto no haya adjudicación Ciageser, Ashira y Esur seguirán operando el predio.

De hacerse por fin Ciageser -o el grupo que integra- del contrato de operación del relleno sanitario, se esfumaría cualquier posibilidad de control cruzado entre quién recolecta los residuos y quién los dispone, con serio perjuicio tanto para las arcas municipales como para el medio ambiente, y aún la cuestión social que preocupa principalmente a la Iglesia por el desamparo actual de los recuperadores informales.

Para las arcas municipales el perjuicio es evidente por cuanto nadie controlaría -la balanza es operada por la misma inspección acusada de direccionar contrataciones en favor de Ciageser- los volúmenes de residuos de origen privado ingresados, y con ello evitar el canon que le correspondería percibir al Municipio por la disposición. Y para el medio ambiente toda vez que la separación en origen pregonada por el Municipio sería apenas una impostura; las bolsas verdes, los puntos de recolección diferenciada y los proyectos de reciclado que llevan adelante prestigiosas empresas son burlados apenas los residuos ingresan a un mismo camión, volcados luego en el predio sin distingo alguno, agravando aún más la situación a que se condena a los recuperadores informales.

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