Trabajadoras sexuales denunciaron "al agente municipal xenofóbico" y pidieron cambios en la Ordenanza
El Colectivo Autónomo de Trabajadoras Sexuales CATS, perteneciente a la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual RRTS y junto a la Red de Personas Viviendo con VIH, elevaron una nota al Honorable Concejo Deliberante en donde "solicitamos la modificación de la Ordenanza nro. 25.590, que pretende relocalizar las zonas de trabajo sexual de la ciudad en un tramo de 300 metros en la Avenida 10 de Febrero", detallaron en un comunicado de prensa.
"Específicamente, pedimos la modificación de los artículos dos, tres y cuatro", señalaron.
De acuerdo al comunicado que llegó a esta redacción, "el articulo dos, delega la potestad al Departamento Ejecutivo Municipal para ser el encargado de decidir la ubicación de las zonas rojas. Creemos que esta decisión no debería ser potestad exclusiva del Montenegro. Propusimos que debe consensuarse a través de una mesa municipal de trabajo, que incluya las voces de todos los sectores, las trabajadoras sexuales, los concejales, los fomentistas de los barrios, el Foro de Seguridad y el Poder Judicial".
Afirmaron que "este articulo ha permitido que la Secretaria de Seguridad y las fuerzas policiales impidan la libre circulación de las vecinas trabajadoras sexuales por las calles marplatenses y nos detengan arbitrariamente. Muchas de nosotras, en ocasiones sólo nos encontramos circulando por las calles, no trabajando, e igual somos detenidas y violentadas por la policía al grito de "no las queremos ver más por acá".
"Ser travesti/trans parece ser el único indicador que "probaría" a la policía que una está ejerciendo el trabajo sexual. Esta normativa absolutamente discriminatoria permite que la policía decida arbitrariamente a quién detener y a quién no", explicaron.
"Las trans migrantes y mujeres cis de barrios populares se encuentran en peligro. Esto un retroceso alarmante para los Derechos Humanos de todo del colectivo LGBTIQ, siendo un sector que vive a diario la violencia institucional y marginación social y ensancha las barreras para que podamos acceder a derechos básicos como salud, vivienda y trabajo", señalaron.
Y en otro tramo del texto, "también pedimos la modificación de los artículos tres y cuatro, que habilitan la criminalización hacia nuestro sector por parte de los efectivos policiales municipales, que nos aplican multas de cientos de miles de pesos y contempla arrestos de hasta 30 días para quienes que no acatemos con la ordenanza".
"Esta normativa ha desatado una violencia policial alarmante que se ha vuelto cotidianeidad todas las noches, especialmente en la Avenida Champagnat y Libertad. En apenas dos meses tenemos casos que incluyen violencia física, a una compañera le aplicaron una picana, a otra la asfixiaron y le provocando lesiones, además de las vejaciones y maltratos verbales que pueden verse en el video que se viralizó durante el fin de semana", puntualizaron.
En relación a esto ultimo, "ayer por la mañana nos acercamos a las oficinas del Ministerio Público Fiscal a denunciar al agente municipal que el sabado por la madrugada reiteró en repetidas ocasiones comentarios xenofóbicos en contra de nuestras compañeras trans migrantes, en especial a la compañera que filmaba el video, Lady Soto, activista y referenta de la agrupación CATS".
"Junto a ella estuvieron presente sus compañeras trans migrantes trabajadoras sexuales, quienes también vienen sufriendo situaciónes de persecución policial. Los comentarios xenofóbicos y transodiantes, las vejaciones propiciadas por parte de todas las fuerzas policiales es un escenario cotidiano durante todas noches en las zonas rojas. Además del testimonio de nuestra compañera, aportamos los testimonios de sus compañeras que estaban siendo testigo y adjuntamos el video completo, que dura 6 minutos", expusieron.
"Esperemos que el agente municipal pueda ser identificado y apartado de su cargo, ya que la xenofobia y el maltrato verbal no puede ser permitido bajo ningún punto de vista, especialmente por parte de un servidor publico", solicitaron.
Y pidieron tener "estado presente de forma activa que elabore política pública para empoderarnos y generarnos autonomía, no enviarnos a la policía. El único momento en donde vemos al Estado presente es cuando vemos la patrulla. No estamos recibiendo ninguna ayuda, alternativa laboral ni planes sociales por parte parte de ningún sector del gobierno municipal, provincial y nacional".
"Las trabajadora sexuales existimos y vamos a estar seguir estamos estando presente, a pesar de que nos persigan todas las noches los operativos. ¿Cómo podrá el Municipio controlar a las más de 500 trabajadoras sexuales callejeras que se movilizarán este verano para trabaja durante la temporada en la ciudad? ¿Y cuánto le costará, en términos económicos y de recursos operativos a la ciudad cada operativo policial se despliegue en las zonas rojas?", se preguntaron.
"Alarmamos a toda la sociedad que la policía se encuentra todo el tiempo persiguiéndonos para violentarnos, no quisiéramos lamentar una situación mas grave", cerró el comunicado.
