Conflicto en El Marquesado: el juez Lijo pidió el desalojo del predio
El juez Ariel Lijo, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, pidió que las fuerzas de seguridad desalojen el predio de El Marquesado, que el gobierno nacional había cedido a una ONG del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois. Además instó a que efectivos de Prefectura Naval Argentina se instalen en los accesos para evitar que nuevas personas ingresen a esas tierras.
Según consignó el diario La Nación la decisión del Juez se tomó momentos después de que trascendieran los enfrentamientos verbales, al límite de la agresión física, que se dieron esta mañana en uno de los ingresos, cuando se cruzaron miembros de la Asociación Civil Tercer Tiempo, que ingresaban maquinaria agrícola ante el intento de impedimento de los vecinos.
Los vecinos de la zona denunciaron que el asentamiento podría profundizar los problemas que viven diariamente: "En la zona sur estamos solo con electricidad, no tenemos agua, ni gas, ni cloacas. Sufrimos cuando hay una tormenta porque nos quedamos sin luz. Así que si traen 100 familias ahí, nos vamos a quedar sin luz nosotros. Las napas se van a contaminar porque si hacen pozos ciegos, eso va todo para abajo".
No obstante, las Facultades de Arquitectura, Humanidades y Psicología se reunieron con los docentes investigadores involucrados en el Proyecto agroecológico de la ONG que integra el MTE señalaron que "se trata de un oportunidad inmejorable para el desarrollo de programas y proyectos que plantean el cuidado del uso de los recursos de suelo. Además de generar puestos de trabajo y la posibilidad de abastecer de productos saludables a los mercados regionales".
Esta mañana, los vecinos de la zona impidieron la llegada de un tractor, ya que consideran que la organización social "solo tienen la custodia e iban a presentar un proyecto para trabajar".
Ante esta situación, "nos tuvimos que ir al final porque cada vez venían más y se ponían más violentos", concluyó Bolonio.
Tras ello, el intendente Guillermo Montenegro tomó medidas inmediatas y amplió la denuncia penal.
