Justicia y jueces

Cuando el común de la gente escucha la palabra juez identifica inmediatamente a este con los magistrados federales que desempeñan sus labores en el famoso edificio de la Calle Comodoro Py de CABA, y eso ocurre por los casos generalmente de singular importancia económica y política en los que intervienen, que los torna a veces extremadamente mediáticos por si mismos, y a los que algunos juzgadores –dije algunos y resalto la palabra- le dan un amplio perfil informatico, tal vez excediendo lo que el buen desempeño de la justicia aconseja que esencialmente los llama al silencio público y a hablar solamente a través de sus sentencias son riesgo de tergiversar el espíritu teleológico de la decisión judicial.

Y esto sin hacer detallada referencia a las muestras de opulencia y relaciones no apropiadas con miembros de otros poderes que mostraron algunos juzgadores que hoy ya no ejercen funciones, dando una imagen rayana con la corrupción.

Indudablemente esto causa un profundo malestar en la sociedad que la lleva a repudiar, crear desconfianza y generalizar el comportamiento de los jueces.

Para echar un poco de luz sobre todo esto, debo manifestar que en nuestro país hay veinticinco poderes judiciales diferentes, por así decirlo tratando de ser más ilustrativo y menos técnico.

Veintitrés por cada una de la veintitrés provincias, uno por CABA y el restante por la Nación. Cada uno de ellos tiene, una organización, una administración, una tramitación procesal, un presupuesto, salarios y mecanismos para nombrar y exonerar jueces, en muchos casos muy diferentes.

Refiriéndome al primer aspecto tomemos por caso nuestra provincia de Buenos Aires que esta dividida en veinte departamentos judiciales uno de los cuales no está en funcionamiento, que son unidades territoriales mediante las que se organiza la justicia por zona.

Por ejemplo, el Departamento Judicial de Mar del Plata comprende a los partidos de Balcarce, Gral. Alvarado, General Pueyrredón y Mar Chiquita.

Nuestra provincia es la que cuenta con la mayor cantidad de los nombrados departamentos judiciales debido a su extensión, con notable diferencias entre los mismos en razón de la cantidad de población, distintas economías y realidades, lo que origina una problemática distinta a la del resto del país que define a un cierto tipo de justicia y por consiguiente al juez.

En cuanto al procedimiento, es decir la forma en que tramita un juicio y los órganos que intervienen, también pongo como ejemplo a nuestro estado provincial y en especial al fuero del trabajo donde existe una única instancia modalidad que sólo comparte con Mendoza a diferencia del resto del país.

Es decir no hay en estas provincias un juez de Primera Instancia y una Cámara revisora a la que pueda apelarse. El proceso litigioso en Buenos Aires empieza y termina en el Tribunal del Trabajo ocurriendo los mismo en Mendoza con la llamada Cámara del Trabajo.

Sólo en casos que cumplan determinados requisitos puede recurrirse a la Corte Provincial y en otros también a la Corte Suprema de la Nación.

Entremos a tratar ahora un tema que es motivo de constantes reclamos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La autonomía presupuestaria y la autarquía económica financiera nunca lograda.

El poder judicial de la Provincia mas grande de la Argentina funciona con la
partida que unilateralmente le asigna el Poder Ejecutivo a principio de año y que mediante agotadores pedidos del primero puede tener algún aporte extra al correr de ese período, siempre exiguo y que lejos esta de posibilitarle un funcionamiento decoroso. Basta con ver los edificios en los que se administra justicia en esta ciudad.

En el otro extremo esta la Provincia de San Luis, donde el Poder Judicial estima su propio presupuesto que es elevado por el Poder Ejecutivo al Legislativo y aprobado por ley.

En el órden nacional el principio general que se extrae de la ley de autarquía financiera del Poder Judicial en Argentina es el que establece que «el presupuesto del Poder Judicial será atendido con cargo a “Rentas Generales”, asignándole el 3,5% de los “recursos tributarios y no tributarios” de la Administración Pública Nacional más “lo que el Poder Ejecutivo incluya para el inciso 4-Bienes reales”.

Las diferencias fundamentales marcadas en solo estos tres ejemplos esta demás decir que tienen sus consecuencias no solo en el aspecto edilicio, mobiliario, de dotación de elementos de trabajo como pueden ser computadoras adecuadas dotadas de un sistema informático ágil, sino también en los salarios que abona a jueces y personal cada estado provincial.

Actualmente la Provincia de Buenos Aires en cuanto al monto que perciben quienes en ella trabajan, jueces y personal, esta en el puesto dieciséis, y en el primero el Poder Judicial de San Luis donde el haber salarial es un 100% superior al que se abona a magistrados y funcionarios bonaerenses, mientras que en la Justicia Nacional y Federal ese porcentajes es del 62% mayor, llevando a que un juez de Primera Instancia que desempeña tareas en el Edificio de Comodoro Py, que como dijera al principio da una imagen generalizada de quien debe impartir justicia, gané más que un Ministro de
la Corte de la de Provincia de Buenos Aires.

Finalizando estas consideraciones, aspiro a que se diferencie al Juez de Dolores, Junin, Necochea y hasta de nuestra ciudad, a quien cruzamos en el supermercado, en el club, en un evento deportivo, en el café del barrio, del que nos muestran los medios capitalinos almorzando en exclusivos restaurantes de la ciudad de Buenos Aires luego de descender de autos manejados por choferes y no del particular de nuestros jueces convecinos que en la mayoría de los casos los dejan estacionado en la calle cuando van cumplir sus funciones porque ni siquiera cuentan con playa de estacionamiento.