La Cámara Federal de dicha jurisdicción confirmó en las últimas horas el procesamiento por asociación ilícita de tres abogados, un asesor previsional, tres médicos y una contadora, que integraban una banda que tramitaba beneficios previsionales irregulares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Además, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, al entender que dichos beneficios se obtenían a través de dádivas.

En su fallo, los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza ratificaron el procesamiento con prisión preventiva dictados por el juez federal Santiago Inchausti, en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública (reiterada en 16 oportunidades); tentativa de defraudación contra la administración pública (en tres oportunidades); uso de documento falso; alteración dolosa de registros y tenencia ilegítima de DNI ajenos.

La investigación involucra además a funcionarios del ANSes y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quienes recientemente fueron procesados por su intervención delictiva en las maniobras.

Según indicaron desde el Ministerio Publico Fiscal, los magistrados entendieron probada  la existencia de una organización criminal formada por los integrantes de un estudio jurídico dedicado mayormente a la realización de trámites previsionales y, cuanto menos, cinco personas más, los cuales –desempeñando diversos roles- gestionaban y obtenían para terceros beneficios previsionales y de la seguridad social ilegítimos (jubilaciones o retiros por invalidez), para lo cual simulaban relaciones laborales mediante la presentación de denuncias en formularios “Z” falsas o la carga de declaraciones juradas apócrifas a partir de la generación de documentación falsa, entre otras maniobras.

También, en relación con los retiros por invalidez la organización influiría en las decisiones y dictámenes médicos que realizaba la Comisión Médica Nro. 12 de Mar del Plata, obteniendo a través de alguno de sus miembros información interna u ofreciendo dinero a cambio de dictámenes favorables. Una vez obtenido el beneficio previsional, la organización percibía honorarios por el trámite realizado, los cuales excedían los establecidos por ley. Todas estas maniobras habrían generado un perjuicio al Estado Nacional del orden de los 90 millones de pesos aproximadamente.

En su voto -al que adhirió su colega- el juez Jiménez señaló que “la defraudación a la administración pública investigada en autos no solamente ha causado un perjuicio varias veces millonario al erario público en general, sino que tal expoliación ha recaído sobre el dinero otorgado a organismos de particular trascendencia social (ANSES y PAMI) y la destinación espuria de esos fondos para beneficiar a quienes legalmente no les correspondía, provocó la lógica contracara de restar esas ingentes suma de dinero a la concesión de beneficios legítimos, prestaciones de salud y atención de personas ancianas o que realmente sufrían algún tipo de discapacidad. Deviene evidente que la apropiación indebida de dinero público que estaba dirigido a cubrir necesidades de unas de las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, máxime en el marco de la deuda social que desde tanto tiempo atrás mantiene el Estado con ese sector, causa preocupación y no resulta indiferente a la paz social”.

Asimismo, la Cámara Federal de Apelaciones marplatense hizo lugar al recurso oportunamente interpuesto por la fiscalía, que entendió que la imputación efectuada por los casos de cohecho no debía limitarse a uno solo de los abogados, sino que debía extenderse a los restantes integrantes de la organización, que se aprovecharon de esta maniobra que formaba parte del modus operandi.