El gobierno estadounidense volvió a imponer este miércoles severas sanciones petroleras a Venezuela. Lo hizo apenas seis meses después de relajar las restricciones en un intento de apoyar el acercamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para abrir un camino electoral libre y democrático.

Un funcionario estadounidense de alto nivel que habló con la prensa dijo que cualquier empresa de Estados Unidos que tenga inversiones en Venezuela tendrá 45 días para cerrar sus operaciones a fin de evitar aumentar la incertidumbre en los mercados energéticos mundiales.

En octubre pasado, Estados Unidos había levantado algunas sanciones a los sectores petrolero, minero y de gas operados por el Estado venezolano. Lo había hecho para impulsar un proceso eleccionario justo para este año.

Venezuela celebrará elecciones el 28 de julio, en medio de fuertes trabas a la principal alianza opositora para postular sus candidatos. De hecho, tras la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, la denominada Plataforma Unitaria no pudo registrar la candidatura de Corina Yoris. En su lugar fue anotado el exembajador en Argentina Edmundo González Urrutia.

En concreto, Estados Unidos no renovará la llamada licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela cuando expire el jueves, para castigar al presidente Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y por la “campaña de acoso” contra activistas.

Esta licencia, que autoriza la producción y venta de petróleo y gas, “será reemplazada” por la 44A, que permitirá liquidar o cerrar las transacciones pendientes “antes del 31 de mayo”, explicó el funcionario, que pidió el anonimato.

“Hemos sido testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación contra actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos”, precisó el funcionario al aludir a los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos y otros tantos bajo órdenes de arresto.

Sin embargo, como parte de sus programas de sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puede emitir “licencias específicas” a petición de las compañías, que evaluará “caso por caso” y que no son públicas, según las fuentes estadounidenses.

El ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, lo dio por sentado. “Todas las empresas que hicieron contrato conmigo hasta el día 18 (...) sacan una licencia privada”, declaró a periodistas en Caracas.

Estas licencias a multinacionales como la francesa Maurel & Prom, la española Repsol o la italiana Eni “mantendría a Maduro interesado” en una negociación, declaró recientemente a periodistas Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, Texas, en un momento en el que Estados Unidos y Europa buscan fuentes de energía para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

La reactivación de sanciones al sector energético “no debe verse como una decisión final en la que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas e inclusivas”, añadió el funcionario norteamericano y precisó que Estados Unidos seguirá “interactuando con todas las partes”, incluidos “los representantes de Maduro, la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional”.

Washington parte de la base de que el Acuerdo de Barbados es el único camino viable para conseguir progresos electorales. Pero el gobierno de Maduro se muestra desafiante. “En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas”, declaró el ministro de Petróleo. “No vamos a parar, con licencia o sin licencia”. La producción de Venezuela se sitúa en torno a los 800.000 barriles diarios, tras tocar piso a mediados de 2020, cuando se desplomó por debajo de los 400.000, pero está lejos de los tres millones que alcanzaba hace 15 años.

Con todo, los ingresos de la petrolera estatal PDVSA pasaron de 3000 millones de dólares en 2022 a 6320 millones en 2023, según el gobierno venezolano, porque el levantamiento parcial y temporal del embargo permitió restablecer envíos hacia países como India.

El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington. El gobierno de Biden, que ya reimpuso sanciones al oro venezolano, reconoce haber sopesado varios aspectos para decidir si revertía la flexibilización al embargo petrolero a menos de siete meses para las elecciones presidenciales estadounidense, pero solo uno parece haber sido determinante.

“Nos centramos en las circunstancias políticas de la situación en Venezuela”, afirmó el funcionario estadounidense. La migración es uno de los temas centrales de los comicios estadounidenses de noviembre y Venezuela es un punto en rojo, con más de siete millones de personas que dejaron el país desde 2014, según la ONU. La reimposición de sanciones no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes.

Fuente: TN

EE.UU.