El Gobierno de Javier Milei postergó para la próxima semana el aumento en las tarifas de gas natural por red, que sumado a la quita de subsidios harán que las boletas de fines de abril y principios de mayo lleguen con subas en torno al 700%.

Si bien la administración nacional se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a subir las tarifas de gas y electricidad en febrero, lo que únicamente fue cumplido con la luz, el ministro de Economía, Luis Caputo, mira de reojo este ajuste para que el traslado a la inflación no haga estragos en el índice que viene a la baja.

Tal como informaron oficialmente, habrá un aumento en el precio de la producción de gas, el cual representa un 36% de las tarifas final. Hasta diciembre, los hogares pagaron un 17% del costo real del abastecimiento (70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10), mientras que las empresas pidieron subas mayores al 500% en sus márgenes. Esta suba se hará de forma “escalonada” durante los próximos tres meses.

A eso habrá que sumarle el incremento que se les convalide a las transportistas y distribuidoras, los otros componentes de las boletas además de los impuestos. En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, a la vez que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

A pesar de que la última palabra la tendrá la Secretaría de Energía, aplicar ese combo multiplicaría lo que llega en las boletas al menos por 6 veces; es decir, subas en torno al 700%, según diferentes consultoras especializadas.

En el sector privado confiaban que el incremento empezaría a regir desde hoy, para no diferir hasta abril la recomposición de sus ingresos en medio de meses con inflación de dos dígitos. Sin embargo, el anuncio es postergado y llegaría para las boletas de abril.

Es que desde el Gobierno también son cautelosos en cómo aplicar la eliminación de subsidios a millones de hogares, porque tienen el antecedente de lo ocurrido en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia obligó a retrotraer los incrementos y dotar de “gradualismo” al plan.

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