La administración de Carlos Arroyo sufrió un nuevo revés judicial este jueves. El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 rechazó el pedido del Ejecutivo para que se levante la medida cautelar dictada a favor de los docentes municipales respecto a la bonificación salarial que perciben desde hace 30 años y que el Intendente quiso eliminar por decreto.

El juez Marcelo Daniel Fernández aseguró en su fallo que "no se advierte cómo la medida cautelar dictada puede estar afectando al interés público en forma más grave que a los sujetos beneficiarios de la misma", tal y como argumentó la comuna para solicitar la suspensión o el levantamiento de la medida.

"En ese contexto, cabe ratificar que, por la propia naturaleza alimentaria del salario y la reducción que el mismo experimenta con el decreto de marras suspendido (desde que, si bien allí dispuso la aplicación de la garantía salarial, lo cierto es que la misma absorbe los futuros aumentos, lo cual no es ni más ni menos que una reducción) en el contexto inflacionario vivido, cabe hacer primar la situación de los actores", sostuvo el magistrado en su resolución.

De acuerdo a la valoración del juez, de suspenderse o levantarse la cautelar, sería mayor el perjuicio ocasionado a los docentes municipales que a la comuna. "No se ha demostrado que el sacrificio que individualmente representa para ellos soportar los efectos de la decisión cuestionada sea menor que al que supone para el Municipio cumplir con la medida dispuesta", aseguró.

En octubre del año pasado, Arroyo firmó un decreto que modificó la forma en la que se liquidan los salarios docentes y que, en la práctica, despojaba a los educadores de las escuelas municipales de una histórica bonificación que percibían desde 1989 y representaba unos cinco mil pesos extra en sus sueldos.

Luego de que desató una fuerte polémica, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que otorgaba legitimidad a la antigua forma de liquidación. El jefe comunal redobló la apuesta y se encargó de vetar la norma unos días después.

Sin embrago, más tarde, el cuerpo legislativo rechazó el veto y votó nuevamente “por insistencia” la ordenanza. Ante este revés, el Intendente realizó una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la que demandó al Concejo Deliberante por “conflicto de poderes”.

En una nueva escalada del conflicto, el pasado 28 de febrero el gremio se presentó ante la Justicia Contenciosa Administrativa de Mar del Plata para solicitar la nulidad del Decreto del Ejecutivo Municipal 2272/18 en 17 expedientes.

El pasado 10 de marzo, la Justicia dictó una medida cautelar indicándole al Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon que debe “dejar sin efecto tres artículos del mencionado decreto y proceder a liquidar la bonificación especial docente como lo hacia antes del dictado de ese acto administrativo”.

El Juez estableció un año como tiempo de ejecución de esta medida cautelar, por considerar que es tiempo suficiente para dictar la resolución de fondo. “Sin duda, este es un primer paso en el camino hacia la devolución de un derecho vulnerado”, destacaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).