Licencias truchas: el fiscal pidió 15 años de prisión para Belmonte
El fiscal Marcos Pagella pidió en la mañana de este viernes una pena de 15 de años de prisión para Juan Carlos Belmonte al sostener que el ex funcionario pultista fue la cabeza de la organización que comercializaba licencias de conducir adulteradas en Mar del Plata desde 2014.
En el alegato que brindó en el marco del juicio oral que comenzó hace poco más de un mes, el funcionario judicial también le requirió al tribunal interviniente que dictamine "la inhabilitación perpetua" para su eventual "ejercicio en cargos públicos"
Los cargos por los cuales se lo imputa en la causa al ex titular del Distrito Descentralizado "El Gaucho" son los delitos de "asociación ilícita", "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "cohecho pasivo y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil".
En diálogo con El Marplatense, Sergio Sosa Ortega, quien esgrime la defensa de Belmonte, había adelantado que en el alegato que brindará a comienzos de la próxima semana buscará lograr la "nulidad" de la investigación, al advertir "graves irregularidades" en el procedimiento de declaración de algunos testigos. "Hay cosas que se ven que son de policía de antaño", había asegurado el letrado.
LAS CONDENAS SOLICITADAS PARA EL RESTO DE LOS IMPUTADOS
• 12 años de prisión para Alberto Carlos Zelaschi: imputado por asociación ilícita y falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• 9 años de prisión para Viviana Beatriz Pared: acusada por asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
• 8 años de prisión para Fernando Eduardo Peña: imputado por asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
• 8 años de prisión para Luis Alberto Belmonte: imputado por asociación ilícita (CP, 210 – hecho 1), falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
• 7 años y 6 meses de prisión para Leda Raquel Araya: acusado por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• 6 años de prisión para Raúl Ernesto Hernández: imputado por asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
• 5 años de prisión para Ester Carolina Bonfini: asociación ilícita.
• 3 años de prisión para Federico Bal: utilización de instrumento público falso agravado.
