Más cruces entre Arroyo y los Defensores del Pueblo: les pidió las declaraciones juradas
Por Carlos Walker
El intendente Carlos Arroyo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por el cual se obliga a los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon a presentar sus declaraciones juradas que serán publicadas en la página web oficial de la Comuna.
En la iniciativa, el intendente busca que se establezca “la obligatoriedad por parte de los funcionarios y agentes municipales, de efectuar la presentación de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales que deberán ser publicadas en la página de Internet oficial de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon”.
De acuerdo a la documentación oficial, a la cual El Marplatense tuvo acceso, estarán obligados a la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial los siguientes funcionarios y agentes:
-Intendente Municipal, Secretarios, Presidentes, Vicepresidentes y Directores Ejecutivos de los Entes Descentralizados, Subsecretarios, Directores Generales, Directores Coordinadores, Directores, Administrador de la Agencia de Recaudación Municipal y Jueces de Faltas.
-Concejales, Secretario del Honorable Concejo Deliberante y Directores del cuerpo deliberativo.
-Los Defensores del Pueblo.
-Los agentes y/o funcionarios que tengan a su cargo la administración de fondos del erario municipal y/o custodia de bienes municipales.
En el expediente, el jefe comunal explicó que “mediante la Ley Provincial Nº 15000, que esta Municipalidad adhiriera a través de la Ordenanza 23540 sancionada el 26 de Enero de 2018, se estableció el nuevo régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes de la administración pública.
Y detalló: “La nueva ley provincial fue recientemente reglamentada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 899/2018 y en él se han establecido los recaudos que resultan exigibles incluir en el contenido de la declaración jurada patrimonial. En nuestra Municipalidad se hubo de consagrar la obligatoriedad de presentar y publicar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios desde el año 1988 con la sanción de la Ordenanza 7023”.
Además, Arroyo afirmó que “sucesivas normas municipales fueron modificando la ordenanza originaria creando un plexo legal que a partir de la adhesión a la Ley 15.000 resulta necesario unificar y darle un marco de uniformidad con el sistema jurídico provincial. En esta nueva normativa se amplia y fortifica la transparencia a la cual deben sujetarse los funcionarios públicos para suprimir cualquier atisbo de corrupción en el ejercicio de la gestión gubernamental”.
“También está presente en el régimen que se propicia el acceso irrestricto a la información y, a su vez, se respeta la protección de los datos personales reconocidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional”, finalizó el jefe comunal.
